Toda la semana pasada fuimos testigos de los altibajos en materia financiera y cambiaria a causa de las declaraciones y excesos del presidente y de sus acólitos. Inestabilidad que continúa esta misma semana.
Ya Claudia Sheinbaum y el (presente y futuro) secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, enviaron mensajes ‘tranquilizadores’ el martes y jueves para contrarrestar los efectos de nerviosismo en los mercados internacionales.
De forma consistente, López Obrador, Ignacio Mier y algunos otros, insisten en que la reforma al Poder Judicial va, sí o sí.
Después del encuentro entre Claudia y el presidente, emergieron con un aparente consenso en términos del avance ineludible de la reforma judicial. Las ‘concesiones’ de López Obrador fueron consultas y diálogo —pedido por Sheinbaum—, lo que apunta a una minúscula esperanza de escuchar a todas las voces. Tal vez, incluso, comprar tiempo.
Pero hay otro elemento adicional: Claudia agregó cuatro reformas más.
Modificaciones a Ley del ISSSTE, becas universales para todos los estudiantes de educación básica pública, la de mujeres con pensión asegurada entre 60 y 64 años (después de esa edad automáticamente obtendrán la de adultos mayores) y la no reelección de congresistas.
¿Qué significado tiene esto? Que el mes de septiembre no alcanzará para aprobar el paquete completo de Andrés Manuel, consistente en 21 reformas —no todas constitucionales—.
Es decir, la prioridad del binomio Claudia-Andrés será la judicial, cuyos términos y detalles aún desconocemos. Han dicho que hoy a más tardar darán a conocer el contenido de la forma en que pretenden someter a voto popular la designación de jueces, magistrados y ministros.
Y evidentemente las otras cuatro reformas planteadas por Claudia.
Las de Andrés: del INE, la de los organismos autónomos, la reconformación del Congreso y eliminación de plurinominales, quedarán para más adelante.
Quién sabe bien a bien qué compromiso estableció la nueva presidenta con su mentor, para impulsar esas otras reformas constitucionales.
Pero en los hechos, septiembre será insuficiente para procesar el último informe presidencial de AMLO, las tan ansiadas reformas y, muy importante, el Paquete Económico de Ingresos y Egresos de la Federación para 2025.
Eso libera de alguna carga a las y los legisladores, que se enfrentan al dilema central de ¿quién es el, o la, jefa?
Todos los días Andrés Manuel parece boicotear a Claudia Sheinbaum. Ella aparece, emite un mensaje para calmar el nerviosismo de mercados, el peso e inversionistas.
Al día siguiente AMLO vuelve a la ofensiva diciendo que la reforma judicial va porque va, no se va a detener a pesar de los mercados, dice. Es un cartucho de dinamita aventado de forma irresponsable, al inicio de la nueva administración.
Claudia contiene, modera el tono, asegura que en México hay Estado de derecho y certidumbre, pero la conducta del ‘saliente’ le serrucha las patas de la mesa todos los días. Resultado: hasta ayer jueves, 9 por ciento de devaluación del peso (alcanzó 19.30 en ventanilla) y 3.8 por ciento de caída en la Bolsa Mexicana de Valores. Y no se detiene.
Preocupa especialmente el resultado de los diálogos, el Parlamento abierto y la discusión sobre la reforma. Ya conocemos a Morena. Su estilo al torcer, manipular y acomodar el resultado de toda discusión pública. La encomienda a Monreal, Mier, y los nuevos por llegar, Adán Augusto López y las camarillas obradoristas, será pavimentar el camino para que la reforma sea votada y aprobada en los términos que Andrés Manuel la envió, empedrando el inicio del nuevo sexenio.
El muy reducido margen de maniobra para Claudia radicará en algunas pequeñas modificaciones, los plazos de renovación, los mecanismos de votación y los organismos postulantes. Pero en esencia, van a borrar a la Suprema Corte como la conocemos.
La venganza de Andrés será completa: ¡despedidos!
Las consecuencias para México y el Estado de derecho son impredecibles.
Aunque lo nieguen y se sientan muy envalentonados por la victoria en las urnas, los mercados y los inversionistas funcionan con la lógica del capital y del marco jurídico que protege y asegura sus inversiones.
Si esas inversiones estarán en riesgo por un Estado de derecho endeble, al servicio del Ejecutivo, con las locuras costosísimas para México de la soberanía energética (vea usted la debacle de Pemex, las deudas combinadas de la CFE y la petrolera, sin mencionar la incapacidad operativa de ambas, todo tras seis años de un modelo equivocado).
Si todo esto se mantiene —como se perfila— con todo y los cientos de solicitudes para el nearshoring, se irá la inversión, saldrán capitales y el peso frente al dólar rondará los veintes medios o altos en la paridad.
¿Qué van a hacer los diputados y senadores? Si acaso Claudia diera la señal de detener la reforma para una discusión más amplia y profunda, ¿a quién van a obedecer?
