Riesgos de la reforma judicial

Fabiola Guarneros Saavedra

Mensaje directo

Mensaje directo Fabiola Guarneros Saavedra

En el inicio de los diálogos nacionales para la reforma judicial —en el que hubo 35 participantes, entre legisladores, jueces, consejeros de la Judicatura, magistrados y los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación—, se plantearon los riesgos que conllevaría aprobar una reforma mal hecha y apresurada.

Por ejemplo, se podría legislar para politizar la elección de los jueces y la impartición de justicia, además de destruir la carrera judicial. Existen materias especializadas para ser juzgadas como telecomunicaciones, laboral (nuevo régimen), competencia económica y otros, como el amparo y el nuevo sistema, que necesitan de jueces expertos ya probados por años.

En el primer foro —realizado en la Cámara de Diputados— hubo apertura a la propuesta de elección de los juzgadores, pero sólo si va acompañada de la carrera judicial, que es la escala obligatoria de ascensos dentro del Poder Judicial de la Federación y que garantiza la independencia judicial.

¿Por qué argumentan que está en riesgo la independencia judicial? Por dos razones, la primera es porque la iniciativa ha incorporado un modelo que introduce un mecanismo de preselección política de los perfiles a impulsar, en manos de los tres Poderes de la Unión; es decir, las postulaciones atenderían a las preferencias personales e ideológicas del Ejecutivo, a la composición político-electoral que en cada momento tenga el Congreso de la Unión y a la fuerza de los grupos dominantes al interior de la Suprema Corte y del Poder Judicial.

La segunda razón tiene que ver con la campaña que realicen los candidatos, pues el cargo de juzgador no puede sustentarse en los apoyos directos o indirectos que recaben durante la campaña para lograr ganar la elección, porque de manera inevitable comprometerá la independencia y resolución y estará más propicio a la corrupción por conflicto de intereses.

Además, ¿quién puede garantizar la no intervención del crimen organizado en este proceso, cuando acabamos de ver que fue un actor que se introdujo en las elecciones  del 2 de junio? ¿Quién de los candidatos a los puestos del Poder Judicial resistirá a las amenazas o el plomo de los grupos criminales? ¿Ya se nos olvidó que por eso se impulsó la figura de “jueces sin rostro”?

El jueves, el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena dijo que la independencia del Poder Judicial es fundamental para el desarrollo de la economía. El mal diseño de un modelo de elección de jueces y magistrados por voto popular tendría un impacto económico, generando lo que denominó “una subasta de juzgadores”.

 

La percepción de que el sistema judicial no es imparcial “puede erosionar la confianza pública, afectando negativamente la inversión y el desarrollo económico”, advirtió.

La reforma al Poder Judicial propone un tribunal disciplinario integrado por cinco magistrados, que no se dará abasto para revisar eficientemente la labor cotidiana de más de mil 600 personas, dijo el ministro Juan Luis González Alcántara, según la crónica parlamentaria de mis compañeras periodistas Leticia Robles de la RosaIvonne Melgar Ximena Mejía.

Y los expertos advierten otro riesgo, y es que ministros, magistrados y jueces podrán ser investigados, sancionados y eventualmente removidos —con excepción de los ministros— por el Tribunal de Disciplina Judicial, simplemente por irregularidades denunciadas por cualquier persona o autoridad y ante actos u omisiones contrarios al interés público, o supuestos tan vagos como la complicidad o encubrimiento de presuntos delincuentes.

Es decir, este tribunal tendría amplias potestades para investigar a cualquier integrante del Poder Judicial, con facultades para sancionar administrativamente a los propios ministros de la SCJN, solicitar el juicio político ante la Cámara de Diputados y presentar denuncias ante el Ministerio Público contra cualquier juzgador, con la única limitación de que la remoción de los ministros seguirá estando sujeta a las formalidades exigidas por el título cuarto de la Constitución.

Sustituir en un solo momento a más de 1,600 personas juzgadoras federales, más los que laboran en los tribunales superiores de justicia de los estados (que también desaparecerían) y la totalidad de las ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, generaría un desajuste importante en el funcionamiento e integración de los órganos impartidores de justicia federales.

Y hay otra preocupación: que los juzgadores y trabajadores jurisdiccionales sean despedidos sin mayor pensión que la del ISSSTE, pese a que ellos tienen esos recursos por ley; y el gobierno federal (autor de la iniciativa) no ha dicho tampoco con qué y cuánto va a indemnizar a todos.

Quizá por ello la propuesta que retumbó el jueves pasado fue la de un proceso gradual; es decir, ir cubriendo en forma escalonada las plazas que van quedando vacantes.

Ya se realizó el primer diálogo y están sobre la mesa los riesgos y las propuestas. Seguirán saliendo más dudas y aristas. El deseo es que no sea un diálogo de sordos.