Teuchitlán, oportunidad contra las desapariciones
«México atraviesa una crisis humanitaria con más de 125 mil desaparecidos y más de 72 mil restos humanos sin identificar».
Cuando les estalla una crisis, casi de manera reactiva o instintiva, los gobernantes en turno se sienten tentados a administrarla y manejarla para evitar que ese acontecimiento les cause un daño político. Ahora con los hallazgos de un centro de entrenamiento y de exterminio en el rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, desde el gobierno federal se ha tratado de manejar el caso de manera política para evitar que se convierta en problema para la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Responsabilizado en buena medida por el gobierno federal, el gobierno de Jalisco que encabeza Pablo Lemus Navarro ha asegurado que no se dará carpetazo a este caso y que colaborarán en todo con la Fiscalía General de la República para avanzar en la investigación.
Los gobiernos, especialmente el federal que encabeza Claudia Sheinbaum, deben tomar el caso Teuchitlán como una oportunidad para cambiar en serio en materia de seguridad y especialmente para encarar la crisis por desaparición de personas y la crisis forense, asociada a esta.
Se debe asumir de una vez por todas que México atraviesa una crisis humanitaria de grandes proporciones con más de 125 mil desaparecidos y más de 72 mil restos humanos sin identificar en los servicios forenses de la república. Ningún país del mundo tiene tantos desaparecidos y tantos restos por identificar que México. Esta realidad debe ser el punto de partida para asumir esta crisis.
El gobierno de Claudia Sheinbaum debe evitar la tentación de sólo administrar la crisis generada por el centro de entrenamiento de Teuchitlán y peor aún, que se trate el caso como si fuera un montaje de sus adversarios, sean de algún partido político o de un cártel criminal. La peor salida de todas sería ver a los colectivos de madres buscadoras, específicamente a Guerreros Buscadores de Jalisco que encontró y dio a conocer los hallazgos del centro de exterminio del rancho Izaguirre, como adversarios o como piezas movidas por los hilos de algún partido o personaje político.
Lo más sensato sería ver el caso Teuchitlán como una oportunidad para de una vez por todas por fin encarar la crisis por desaparición de personas que conduele a cientos de miles de personas en todo el país.
Y al mismo tiempo, la oposición debe de dejar de lucrar con el dolor de las víctimas, especialmente de las madres buscadoras. Es repugnante ver a personajes de la calaña de Alito Moreno, dirigente nacional del PRI, usar la tragedia que representa Teuchitlán, para tratar de sacar raja política para su desprestigiado partido, como si este no fuera corresponsable de la crisis humanitaria que atraviesa el país.
En fin, ¿qué hacer para hacer de Teuchitlán como una oportunidad? antes que nada, reunirse directamente con representantes de las madres buscadoras, escucharlas, atender sus demandas y junto con ellas trazar una nueva política frente a las desapariciones del país. La presidenta Sheinbaum debe atender la petición que ya le lanzó la fundadora del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco (GBJ), Indira Navarro, para que escuche directamente su testimonio y atienda sus peticiones. “Querida presidenta Claudia Sheinbaum: escúchenos de mamá a mamá. Queremos contarle todo. Con el corazón roto, con lágrimas que ya no sabemos contener, estuvimos allí, en el rancho (Izaguirre) buscando a nuestros seres queridos”, dice la carta abierta del colectivo GBJ a la presidenta. “Le suplicamos que calle bocas de las derecha que busca desprestigiar y minimizar nuestro trabajo”, añaden. Debe atender sus peticiones. No basta que las familias sean atendidas por la secretaría de Gobernación, es necesario que la misma titular del Ejecutivo se acerque a las madres buscadoras.
Se necesitan cambios inmediatos, el primero de ellos debería ser nombrar a una nueva persona al frente de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), en consenso con las familias organizadas. La actual titular de la CNB, Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, no tiene ni los conocimientos suficientes del tema ni la empatía necesaria para tener una relación solidaria con los colectivos de familiares que buscan a sus hijos.
Al mismo tiempo, debe destinar más recursos humanos y financieros y hacer una convocatoria extraordinaria para poner todos los recursos tecnológicos y de inteligencia que tiene el Estado mexicano al servicio de una nueva política en contra las desapariciones en México. Al final los recursos del Estado son recursos pagados por la sociedad y se le tienen qué regresar a la propia sociedad.
Se debe reorientar la política contra las desapariciones y poner en el centro de esta política la búsqueda en vida, pues en muchos casos (como indica la experiencia de Jalisco) después de una denuncia, el ministerio público abre una carpeta pero nunca más hacen una diligencia y menos buscar en vida a la persona desaparecida.
Debe tomarse la crisis forense realmente como extraordinaria y por lo tanto crear instrumentos extraordinarios para afrontarla. Ya lo dijeron expertos de la ONU hace dos años: al ritmo actual, llevaría 120 años a los servicios forenses del país, identificar a los más de 72 mil restos humanos acumulados en los semefos del país.
Y también debe terminarse la impunidad y hacer justicia en los casos actuales y en los del pasado. David Fernández, integrante del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico dijo con razón, en entrevista reciente para Radio Universidad de Guadalajara, que si los delitos cometidos por fuerzas del Estado durante la guerra sucia hubieran sido castigados y perseguidos, probablemente México no estaría atravesado por esta grave crisis humanitaria.
En fin, Teuchitlán debe ser afrontado como una oportunidad para reorientar la política contra las desapariciones o de otro modo se estaría encubriendo un caso más que ha irritado e indignado a la sociedad. De lo contrario el Estado, las instituciones y la clase política en su conjunto estaría terminando de cavar su legitimidad ante la sociedad.
