Historias del cártel inmobiliario
Hora cero
Luis Alberto Romero
La investigación sobre el denominado “cártel inmobiliario” en Xalapa ha comenzado a mostrar resultados con la detención de algunos presuntos involucrados; de acuerdo con la información proporcionada, las autoridades ya han detenido a una decena de abogados y notarios, mientras la Fiscalía General del Estado mantiene abiertas diversas carpetas para determinar quiénes participaron en posibles despojos y operaciones irregulares con propiedades.
Uno de los avances más recientes fue la captura de Miguel Isaac “N” y Pedro Damián “N”, señalados como presuntos responsables de fraude y fraude procesal; ambos habrían trabajado en un despacho jurídico que habría simulado actos jurídicos para despojar de inmuebles a sus víctimas.
Después de las detenciones, la Fiscalía realizó tres cateos en distintos puntos de Xalapa; en los inmuebles fueron asegurados vehículos, mobiliario, expedientes civiles y mercantiles, instrumentos notariales, identificaciones y otros documentos que ahora forman parte de las investigaciones.
El llamado “cártel inmobiliario” es investigado como un presunto esquema dedicado a obtener propiedades mediante documentos falsos, contratos irregulares y juicios aparentemente simulados; las denuncias apuntan a que los objetivos serían, principalmente, terrenos ubicados en zonas de crecimiento urbano, propiedades intestadas, inmuebles cuyos dueños viven fuera del estado o del país y bienes pertenecientes a adultos mayores.
En algunos casos, según los señalamientos de los afectados, los propietarios ni siquiera se enterarían de que existe un juicio en su contra, hasta que era demasiado tarde; las notificaciones presuntamente no llegarían a sus domicilios y, cuando descubren lo ocurrido, ya existen resoluciones o procedimientos encaminados a disputar la propiedad.
Las investigaciones involucran distintos perfiles; entre ellos aparecen abogados litigantes, notarios públicos, jueces, funcionarios judiciales, personal del Registro Público de la Propiedad y trabajadores de Catastro. La dependencia ha sostenido que se investigará a cualquier persona que pudiera haber participado y que no habrá impunidad.
En este contexto destaca el nombre del abogado Roly Domínguez Romero, señalado públicamente como uno de los principales operadores del presunto “cártel inmobiliario” en Xalapa; sus oficinas, ubicadas en la colonia Miguel Alemán, fueron cateadas como parte de las investigaciones.
La Fiscalía General del Estado también ha ofrecido una recompensa de 350 mil pesos por información que permita localizar a Domínguez Romero, quien es buscado por las autoridades; su situación forma parte de las investigaciones que buscan establecer las responsabilidades correspondientes.
Uno de los casos que ha llamado particularmente la atención ocurrió en Monte Magno, donde una mujer propietaria de un inmueble enfrenta un proceso iniciado originalmente por una deuda de 270 mil pesos; de acuerdo con la denuncia, Roly Domínguez adquirió en marzo de 2023 los derechos litigiosos y de crédito y posteriormente habría pretendido cobrar 2 millones 450 mil pesos y adjudicarse la propiedad mediante un avalúo inferior a su valor de mercado.
La afectada sostiene además que en el procedimiento fueron utilizados documentos falsos; estos hechos fueron denunciados ante las autoridades de procuración de justicia.
El señalamiento más delicado es la sospecha de un posible contubernio entre operadores del presunto cártel y jueces y magistrados; en el caso de Monte Magno, la parte afectada afirma que habría existido complicidad para intentar concretar la adjudicación y señala que los abogados utilizados en ese procedimiento son los mismos que actualmente se encuentran detenidos.
Mientras las investigaciones avanzan, decenas de personas han salido a las calles de Xalapa para denunciar presuntos despojos y exigir que sus casos sean revisados; los afectados piden que se analicen a fondo los expedientes donde existan adjudicaciones sospechosas y que se determine quiénes participaron en esos presuntos fraudes. En ese tema, han salido a la luz pública los nombres de dos jueces, Patricia “N” y Leopoldo “N”; y de dos magistrados, Jonathan “N” y Violeta “N”.
Por ahora, corresponde a las autoridades acreditar cada señalamiento ante los tribunales; pero las detenciones, los cateos y la búsqueda de uno de los abogados señalados muestran que el caso ha dejado de ser únicamente una serie de denuncias públicas y se encuentra ya bajo una investigación penal formal.
@luisromero85
