Grupo MAS y CAB responden con corte masivo de agua en la zona conurbada
Política al día Express // Atticuss y Francisco Licona
En los cafés políticos de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, el tema central fue el servicio de agua entubada y la permanencia de sus concesionarias privadas.
Cuando más intenso se ha vuelto el debate sobre si se debe mantener o retirar la concesión a las empresas operadoras en ambos municipios, y justo cuando los diputados locales se aprestan a revisar con seriedad el asunto, a las administradoras se les ocurrió aplicar un corte masivo e interrupción del suministro.
Grupo MAS en el Puerto y la Compañía de Agua de Boca del Río (CAB) programaron una suspensión extrema de la presión por más de 16 horas. El anuncio afectó a vecinos de más de 100 colonias y fraccionamientos bajo el argumento de trabajos preventivos de mantenimiento estructural en la Planta Potabilizadora El Tejar II.
A la afectación social se suma la versión circulante en mesas de análisis sobre el financiamiento de una campaña en redes sociales contra la alcaldesa de Veracruz, Rosa María Hernández Espejo.
Dicha narrativa pretende atribuir a la administración municipal la pérdida de 120 millones de pesos federales por presuntas fallas de gestión, deslindando a la empresa privada de su obligación de aportar 60 millones de pesos para obras de infraestructura hidráulica.
Desde su origen, estas concesiones han representado un problema recurrente para la población costeña, reavivando el cuestionamiento sobre el esquema privado de servicios públicos y la distribución de sus beneficios económicos frente a la calidad prestada.
¿Se quedó sin dinero Sheinbaum? El debate tras los señalamientos de Riva Palacio
Lo escrito por Riva Palacio voló por las redes y sirvió de munición para pegarle al Gobierno. La pausa temporal en las nuevas incorporaciones al programa Jóvenes Construyendo el Futuro generó una controversia entre la versión oficial y el análisis de opinión política. Mientras el periodista Raymundo Riva Palacio sugirió que la medida podría deberse a una presunta falta de recursos para cerrar el año presupuestal, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y el Gobierno Federal precisaron que el ajuste responde al cumplimiento de la meta anual de 500 mil beneficiarios, confirmando que los registros se reanudarán de manera ordinaria en enero de 2027.
Por tanto, nace la pregunta, ¿De dónde saca Riva Palacio los datos que demuestran que Hacienda se quedó sin dinero? ¿Quién y con qué fin le sopló eso al periodista? ¿Quién gana al especular algo que quizá él mismo sabía que lo desmentirían de inmediato?
La explicación oficial es que el programa alcanzó su meta anual de 500 mil beneficiarios y que las nuevas inscripciones se reanudarán en enero de 2027. Eso tampoco obliga a creer ciegamente al Gobierno pero no es lo mismo una declaración oficial que un ‘probablemente’.
No es lo mismo una advertencia sobre una posible crisis fiscal, que presentar una sospecha como si ya estuviera comprobada.
Las vacas sagradas del periodismo, que lo han sido durante años, también pueden equivocarse, pero su prestigio no convierte un «probablemente» en una prueba para muchos lectores que acostumbran tomar a pie juntillas cualquier señalamiento, por muy acompañado que esté de un “probablemente”.
Criticar al poder es indispensable, pero los dichos no deben pesar más que los datos. Cuando eso sucede, el periodismo corre el riesgo de convertirse en puro ruido.
