En un comunicado, el órgano fiscalizador informó que también realiza un estudio histórico de las adquisiciones efectuadas por estas instituciones entre 2000 y 2025, con el propósito de identificar posibles patrones de contratación, concentración de proveedores y prácticas ilegales en el ejercicio del gasto público, en las que pudieran estar involucrados empresarios o servidores públicos.
La tercera línea de trabajo consiste en una auditoría integral al INE y una revisión de la totalidad del gasto federalizado ejercido por los organismos electorales locales. La ASF señaló que estas acciones derivan de trabajos de inteligencia y del análisis de información solicitada a las entidades federativas, mediante los cuales advirtió irregularidades históricas relacionadas con el uso de recursos públicos en dichas instituciones.
El organismo precisó que las investigaciones y auditorías se desarrollan dentro de sus facultades legales y bajo criterios de independencia y rigor técnico. Hasta el momento, el comunicado no identifica a empresas, proveedores o funcionarios en particular ni detalla montos relacionados con las posibles irregularidades.
