El PAN menosprecia al pueblo
En días recientes la oposición panista moralmente derrotada ha intentado difundir que la reforma judicial será un fraude electoral: una trampa diseñada para capturar y corromper al Poder Judicial.
Afirman que los futuros jueces ya fueron escogidos por el gobierno de México entre personas afines a la cuarta transformación, militantes de Morena e incluso criminales, con el fin de consumar un régimen autoritario. Pregonan que la elección judicial será una simulación que busca doblegar a la justicia para ponerla al servicio de intereses perversos y destructivos.
Desde la tribuna de un mitin partidista, los dirigentes del PAN se hacen llamar “la resistencia civil” y nos convocan a protestar contra “el fraude judicial”. Con la soberbia que les caracteriza, le exigen al pueblo abrir los ojos y aseguran que no permitirán que regrese la era de la simulación democrática (etapa de la cual, irónicamente, fueron cómplices y beneficiarios).
Lo cierto es que la oposición panista no lucha por la democracia. Su intención es deslegitimar la reforma y boicotear el proceso electoral. Luchan —como siempre lo han hecho— por preservar un sistema fallido que favoreció sus intereses, y que, lejos de hacer justicia, benefició a una élite por encima de los derechos y necesidades de millones de mexicanos.
Tampoco defienden la independencia judicial. Defienden un sistema que les permitió colocar a ministros, magistrados y jueces afines durante décadas, propiciando una justicia a modo. Un modelo en el que, con importantes excepciones, proliferaron el nepotismo, la corrupción, el tráfico de influencias y la opacidad, lo que se tradujo en incontables barreras al acceso a la justicia.
Ante todo, la oposición panista no escucha ni respeta al pueblo al que se debe. Sus cabecillas no se explican que la reforma cuente con un amplio respaldo popular. No conciben que la ciudadanía haya optado por abrir la judicatura a perfiles diversos y otorgar a las personas una participación directa en la evaluación y designación de sus jueces. Les parece indignante que la gente —sin importar su origen o condición social— pueda incidir en el rumbo del sistema de justicia.
En consecuencia, los opositores siguen empeñados en privar de influencia a las mayorías, en lugar de hacer justicia a sus demandas a partir del reconocimiento de su dignidad y de su carácter soberano. Y siguen explicando sus derrotas políticas como la consecuencia de un pueblo ignorante, indiferente o capturado. Un pueblo que, según ellos, se niega a abrir los ojos.
Se equivocan. Lejos de estar sumido en un letargo, el pueblo de México repudia al panismo porque sabe lo que representa: la política individualista, discriminatoria y autoritaria del pasado. Una política basada en el odio, la indiferencia y la exclusión, en la que gobernar es el derecho de una élite ilustrada y la desigualdad un mal necesario. Un partido que desconfía en las mayorías, desprecia las demandas populares y desconoce los derechos de quienes han sido históricamente oprimidos.
En contraste, el pueblo ve en la reforma la oportunidad de construir colectivamente un Poder Judicial renovado e independiente, que trate con igual dignidad a todas las personas y que no responda a los intereses de una élite, sino a la Constitución y al bienestar general. Un sistema de justicia imparcial, que decida los casos sin importar el origen o posición de quienes acuden a los tribunales. En última instancia, la posibilidad de alcanzar un sistema político más justo y democrático.
Hoy ese proyecto de cambio social se ha comenzado a materializar. Sus postulados, reglas y principios son Constitución. El proceso electoral está en marcha conforme al mandato popular expresado en las urnas. Y la oposición sigue —y por lo visto seguirá— moralmente derrotada.
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