La cuestionada Fuerza civil de Veracruz


Hora Cero  Luis Romero Herrera

Los lamentables hechos registrados de forma reciente en Totalco, Perote, fueron la gota que derramó el vaso; el gobierno estatal determinó extinguir la Fuerza Civil de Veracruz, para dar paso a la creación de un mando único policial.

Por la madrugada de este lunes, el gobierno estatal de Cuitláhuac García emitió un comunicado en el que establece que “con el objetivo de esclarecer los hechos ocurridos en el municipio de Perote y garantizar la justicia”, se determinó desaparecer la Fuerza Civil.

“La corporación Fuerza Civil será disuelta para establecer un mando único operativo desde la Subsecretaría de Operaciones de la Secretaría de Seguridad Pública. Este proceso respetará los derechos laborales y no interferirá con las investigaciones en curso”, detalla el boletín oficial.

El Gobierno de Veracruz tomó la determinación de disolver la Fuerza Civil, luego de las denuncias por un presunto caso de represión en Totalco, que causó la muerte de dos personas.

A reserva de lo que determinen las autoridades en materia de procuración de justicia con relación al seguimiento del caso de Totalco, es innegable que la Fuerza Civil terminó por convertirse en un dolor de cabeza para el gobierno veracruzano, por las denuncias que consignaban hechos de represión y probables violaciones a los derechos humanos.

Esos señalamientos hacían insostenible a la citada corporación policial; de tal manera que el gobierno estatal decidió extinguirla.

Entre los señalamientos más frecuentes que se endosaron a la Fuerza Civil se encontraban detenciones arbitrarias; uso excesivo de la fuerza; tortura y malos tratos a las personas detenidas; violación al derecho a la integridad personal; y negligencia en el deber de cuidado.

A punto de cumplir 10 años –fue creada en octubre de 2014, durante el gobierno de Javier Duarte–, la Fuerza Civil fue blanco de críticas y señalamientos por desapariciones, uso excesivo de la fuerza, violaciones a los derechos humanos, e incluso actos de corrupción.

En febrero de 2018, por ejemplo, Roberto “N”, ex director de esta corporación, fue detenido, señalado por su presunta responsabilidad en la desaparición de 19 personas.

En general, las denuncias contra elementos de la Fuerza Civil han sido constantes: en 2021, por ejemplo, hubo señalamientos por la presunta implicación de integrantes de la corporación en el caso de la violación de una menor en Tezonapa; y en  2023, la organización Pueblos Originarios en Movimiento denunció la extorsión de que habrían sido víctimas indígenas de la zona de Ixhuatlán de Madero, en  retenes instalados por el mencionado cuerpo policial.

Más recientemente, en diciembre pasado, en Actopan hubo acusaciones por la agresión a balazos contra un joven en la comunidad de Mozomboa.

A esos casos se sumó el de Totalco, donde también hubo señalamientos contra la Fuerza Civil de Veracruz.

Muy probablemente, todos esos casos fueron determinantes para que el gobierno de Cuitláhuac García decidiera disolver la Fuerza Civil, que será sustituida por un mando único policial; sin embargo, lo importante, lo fundamental es que en esas áreas de seguridad pública se refuerce la capacitación de los elementos en materia de defensa de los derechos humanos, porque de poco servirá extinguir una corporación y crear una nueva, si se contrata a los mismos elementos y no se les capacita en el tema de las garantías individuales.