Trascendió Editorial Milenio 17 de abril de 2025

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Trascendio

Que ayer quedaron pendientes las modificaciones al reglamento interior del Instituto Nacional Electoral para cubrir las obligaciones de transparencia a raíz de la extinción del INAI, que dará más facultades al Órgano Interno de Control, porque la consejera presidenta, Guadalupe Taddei, pidió posponerlo para darle más “coherencia normativa” y atender las observaciones de otras consejerías. No, pues ahí cuando quieran, al fin que no hay prisa.

Que en Aguascalientes, la gobernadora Tere Jiménez y su secretario de Seguridad, Antonio Martínez Romo, arrancaron el operativo Feria Segura con 2 mil 400 efectivos en busca de evitar actos de vandalismo y violencia en el evento anual de San Marcos, como los ocurridos en Texcoco la semana pasada con Luis Roberto Conriquez por negarse a cantar narcocorridos, y así garantizar la seguridad de los turistas que acuden a la celebración. Habrá que estar pendientes del repertorio de rolas de las bandas participantes.

Que desde la presidencia del Sistema Nacional Anticorrupción, que encabeza Vania Pérez Morales, se hizo un llamado urgente a la autoridad local para designar ya a la persona titular de la Fiscalía Anticorrupción de Ciudad de México, proceso que quedó entrampado en febrero pasado, al definir una terna integrada por Adriana Greaves, José Gerardo Huerta y César Silva, de entre los que el Congreso local no ha elegido al bueno.

Que quien estuvo ayer en Pachuca fue la ministra Yasmín Esquivel, candidata a repetir en ese cargo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y no solo eso, sino con la meta de presidirla, por lo que comenzó con un acto oficial en las instalaciones del Consejo Coordinador Empresarial, delegación Hidalgo, pero después sorprendió al darse una placeada por el mercado Revolución, considerado uno de los más caros y gourmet de la Bella Airosa, donde repartió volantes y habló con locatarios, pero hubo quien lamentó que se fuera sin hacer una sola compra.

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Gaudencio Garcia Rivera

Veracruz: campo minado

Gaudencio Garcia Rivera

PLANA MAYOR   Gaudencio García Rivera

Los veracruzanos enfrentan en carne propia el campo minado

que sembró Cuitláhuac García. Batió récord en los delitos de alto impacto social. Más que una burla es una brutal infamia el discurso oficial de que los ‘morenistas’ no son como sus antecesores o los neoliberales.

 

Más que los ‘otros’, los morenistas agravian a la sociedad civil con sus discursos demagógicos, huecos y corruptelas que se han ido destapando de la caja de Pandora del intríngulis político del gobierno de Veracruz.

 

La corrupción y opacidad no solo es su epicentro en los cuerpos policiacos, donde la propia gobernadora admite el cese de más de 200 policías por actos de corrupción, si no en la mayoría de las dependencias de la administración pública, que de alguna manera avaló la titular del ORFIS, Delia González Cobos.

 

La inseguridad público que provoca el crimen organizado con los 14 cárteles de la droga en la geografía veracruzana, continúa y seguirá siendo el talón de Aquiles del gobierno de la señora Claudia Sheinbaum y de Veracruz con doña Rocío Nahle.

 

Se demostró con hechos, estadísticas y de las principales agencias de seguridad internacionales y de EU que la estrategia anticrimen del sexenio de talibán de Macuspana fue un auténtico fracaso y con evidentes ligas de complicidad aviesa. Una fiesta para la mafia de los cárteles de la droga.

 

Veracruz y el país viven un surrealismo político peor al que heredó el viejo PRI. Bastaron seis años del defenestrado gobierno de Morena con Cuitláhuac García para demostrar que la entidad cayó en un retroceso al igual que el país por más de tres décadas.

 

Los problemas de alto impacto social se agravaron con el plus de la ineficiencia, el oportunismo, la improvisación, el cuatachismo, el amiguismo y el trapecismo del poder público.

 

Se gobierna con el hígado. El cambio que promueven los programas sociales de la cuatroté son cosméticos, por encimita, clientelar y violando recurrentemente la ley electoral y la Constitución política local, ante la complacencia e indiferencia del OPLE local.

 

Veracruz es un campo minado. Los periodistas críticos y medios de comunicación impresos, televisivos y digitales independientes son considerados en los entresijos del poder público como adversarios. El naciente régimen de la cuatroté busca acabar a los mensajeros críticos sin conceder una gota de publicidad para que cierren sus cortinas.

 

Los periodistas y medios de comunicación no son instituciones de beneficia pública. La radio, la TV, la prensa escrita y los medios digitales viven de la publicidad. Están equivocados si pensaban que los medios de comunicación están en la antesala de su sepultura. Hay otros sectores que pagan gustosamente su publicidad.

 

La ley en Veracruz se aplica para los adversarios, enemigos y críticos independientes. Para los amigos, cortesanos y sumisos la ley es letra muerta, no hay estado de derecho; se gobierna con a utoritarismo, con leyes espejo de una autocracia.

 

La autocracia convive con la cleptocracia. Veracruz forma parte del ‘país bananero’ que los críticos, intelectuales y artistas nos comparen como los más retrogradas del mundo.

 

Hasta ahora ha sido recurrente en Veracruz la hidra de la inseguridad pública, los conflictos laborales de la SEV, la crisis hídrica, el desvío de fondos y el desfalco que dejó exgóber a Cuitláhuac García, las cuentas públicas sin aclarar de la mayoría de los 212 alcaldes y la falta de recursos públicos de la Sefiplan, por citar algunos.

 

Según críticos y expertos en seguridad, en Veracruz se han disparado los delitos de alto impacto social como secuestros, extorsiones, embargos, emboscadas, ajustes de cuentas y plagios a policías. La corrupción de los altos mandos y medios policiacos está a la orden del día.

 

En este epílogo hay una sombra que Veracruz no se puede quitar. Hay adeudos por pagar a proveedores que heredó el gobierno priista de Javier Duarte. Cuitláhuac García desapareció olímpicamente la partida oficial para pagar a los proveedores que enfrentan las de Caín. Son adeudos legales. Pero la narrativa ha estado en la opacidad de la señora gobernadora.

 

García Jiménez elevó la deuda de SEV por el pago de impuestos del SAT, el ISSTE y el IPE con el desvío de fondos que le encubrió el ORFIS, su tapadera.

 

Los retrasos que se han registrado en los pagos de la SEV se deben a que el gobierno no tiene dinero suficiente. Y esto quiere decir que no hay dinero para reparar las intransitables carreteras del Estado que están erosionadas por la falta de mantenimiento, materiales de mala calidad, obras coronados por la corrupción, la igual que los centros hospitalarios del Estado.

 

El boom turístico para Veracruz va en picada. Mientras la Federación suda y suda los recursos federales de los estados. ¡Bendita autonomía y soberanía de Veracruz! Una cosa es la campaña política y otra es ser gobernador. ¿O no es así? Sólo en la tierra de los ciegos, el último es rey.