Un caso de éxito desastroso
La campaña presidencial de 1994 me hizo más humilde. Lo que más me sorprendió fue la enorme riqueza de propuestas que encontré en los grupos sociales, organizaciones cívicas y líderes regionales que encontré a lo largo de mis recorridos. Una cosa me quedó clara. Ellos sabían más que yo acerca de lo que había que hacer en lo local: el puente que había que construir, el lugar para la escuela que hacía falta, las carreras profesionales que se requerían en esa zona, etcétera. De ello me acordé al visitar nuevamente el Valle del Yaqui, golpeado por una sequía inclemente que ha obligado a una reducción de las siembras del 84% en las 230 mil hectáreas que se cultivan.
Todo Sonora, no sólo el Valle del Yaqui, tiene un problema de sequía que regresa cíclicamente. Hay muchas soluciones técnicas que se pueden implementar para mejorar la eficiencia del uso del agua… cuando la hay. ¿Pero cuando no llueve? La desalación de agua de mar y de aguas salobres es una solución técnica que está madura desde hace décadas. Siempre se habla del caso de Israel y de algunos países árabes. Pero quizá se conoce poco el caso de España, que cubre 10% de su consumo de agua mediante desalación. ¿Por qué no lo hemos hecho en estados como Sonora? Porque gobernadores y presidentes han hecho lo que ellos creen que había que hacer y no lo que aconseja la experiencia de quienes siembran o crían ganado o los estudios técnicos para el agua de uso urbano. O hacen lo que dejará dinero y contratos y, si se puede, votos. Sin desalación, nuevas fuentes de electricidad e inversiones fuertes, públicas y privadas, para un aprovechamiento minucioso de cada gota de agua, se acentuará aún más la dependencia en granos con EU y tendremos menos cartas para negociar.
La crisis del agua, el impacto del desmantelamiento de los principales programas de apoyo al campo durante el sexenio pasado y la alianza de facto entre los gobiernos de Morena y la delincuencia han creado el caldo de cultivo ideal para la proliferación del crimen organizado en mi estado. Ahí está Cajeme, el supuesto “caso de éxito”.
Durante los últimos diez años, los homicidios en Cajeme, Sonora, aumentaron de 140 en 2015 a 442 en 2023. Dieron un salto en 2019 a 327 con las alegres señales que dio el gobierno de López Obrador a los delincuentes y aumentaron nuevamente en 2021 a 596, año en que llegó como gobernador el exsecretario de Seguridad e implementador de “Abrazos, no Balazos”, Alfonso Durazo. Hace unos días, durante la mañanera presidencial, un reportero “espontáneo” presentó una discreta reducción de los asesinatos dolosos en Cajeme como “un caso de éxito”, logro del presidente municipal morenista, Lamarque. Todo ensayado y programado, incluyendo elogios también espontáneos de la Presidenta.
No es ésa la realidad que vi en mi reciente viaje a Ciudad Obregón. Observadores acuciosos de las cifras de seguridad reportan cambios de metodología no explicados durante los últimos dos años, cifras más altas en junio de 2023 y 2024 que en diciembre de esos años. Hubo una reducción de 5.2% de homicidios dolosos con arma de fuego, sí, pero el Observatorio Sonora por la Seguridad, iniciativa ciudadana, presenta cifras de 2024 con un aumento del 60% de homicidios dolosos de personas sin identificar y del 25% en menores de edad.
El sonado caso del reportero Alberto Rubio, a quien recuerdo con afecto, que desapareció en Cajeme en 2021, pero cuyo cadáver fue localizado por las Madres Buscadoras de Ceci Flores en la morgue de Culiacán cinco años después, advierte de problemas graves en las cifras sonorenses. ¿Por qué nadie denunció su desaparición? ¿Cuántos casos habrá como el del reportero sonorense?
Quizá la sorpresa que más me impactó fueron los distintos relatos de lo que se vive en el sur de Sonora, especialmente en Navojoa: una pax narca, semejante a la que se vivía en Culiacán antes de que se desatara la guerra entre seguidores de Los Chapitos y del Mayo Zambada. Los módulos de riego del Valle del Mayo, tomados por “la maña”. Secuestros de familiares para obligar a la entrega de propiedades que luego son formalizadas por notarios. Extorsión generalizada. Las cifras no hablan de un aumento pronunciado en delitos porque estos no se denuncian. No hay un aumento notable en homicidios porque no hay competencia entre los grupos.
El Observatorio de Seguridad encontró un aumento anual del 200% de personas desaparecidas o no localizadas, de 240 en 2023 a 721 en 2024, en un estado poco poblado.
De nada sirve maquillar las cifras sobre seguridad y la gravedad de la crisis del agua. La una creada por los gobiernos de Morena; la segunda, agravada por la incompetencia de estos y las decisiones de inversión mal fundadas. No tiene por qué ser así.