Soberanía discursiva, pacificación sin logros .
El pasado fin de semana, en medio del despliegue oficialista reunido en la Feria Ganadera de Culiacán, así como durante la conferencia matutina de ayer en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum elevó el tono de su discurso soberanista: “La injerencia produce violencia”, afirmó. Con esa lectura, la mandataria busca atribuir a decisiones operativas tomadas al otro lado del río Bravo la responsabilidad de la sangrienta conflagración que hoy devora a Sinaloa.
Recurrir a la narrativa de la no intervención para explicar el caos que viven los sinaloenses deforma la realidad y soslaya la gravedad del sufrimiento de una sociedad exhausta. Afirmar que Sinaloa gozaba de una paz real antes del 25 de julio de 2024 resulta muy difícil de sostener. La aparente estabilidad previa no era ausencia de conflicto, sino sumisión.
Existía entonces una sociedad atada de manos ante el poder del crimen organizado. Aquella frágil tranquilidad, sustentada en un alarmante poder de fuego y en el control territorial, quedó al descubierto desde octubre de 2019 con el primer Culiacanazo, cuando las fuerzas de seguridad tuvieron que soltar a Ovidio Guzmán López ante el temor de que ocurriera un baño de sangre.
Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador no se observó un esfuerzo por desarticular al Cártel de Sinaloa. Al contrario, la gestión federal pareció optar por una convivencia con la organización delictiva, cuyo hito más evidente fue el saludo presidencial a la madre de Joaquín Guzmán Loera en Badiraguato. Esa proximidad se reflejó de manera preocupante en el proceso electoral de 2021, cuando el secuestro de operadores y candidatos de la oposición precedió la llegada de Rubén Rocha Moya a la gubernatura.
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