SHEINBAUM Y EL SOCIALISMO: LA RECONSTRUCCIÓN DEL ESTADO SOCIAL
Opinion // Dr. Lenin Torres Antonio.
México como una salida posible de la metaestructura económica
Apuntes desde el suelo
En un artículo anterior, “Lula y la terrible confesión de la izquierda: votamos izquierda desde la plusvalía capitalista”, planteé una paradoja que está implícita en una declaración que hizo Lula de los movimientos de Izquierdas (1), que parece definir buena parte de la política contemporánea: las izquierdas pueden ganar elecciones, ocupar gobiernos y conservar incluso el lenguaje histórico de la transformación social, pero terminan gobernando dentro de una arquitectura económica cuyas reglas fundamentales no establecieron, y que provienen de la economía.
La confesión de Lula nos sirvió entonces como evidencia de un fenómeno mucho mayor. Después de la caída del Muro de Berlín y del debilitamiento de los grandes relatos ideológicos del siglo XX, no desaparecieron necesariamente las ideologías; ocurrió algo quizá más profundo: la economía ha estado ocupando el centro que antes disputaban las grandes concepciones políticas del mundo.
De ahí mi hipótesis acerca de la econopolítica y del econopolítico: el Estado y el gobernante contemporáneos pueden proceder de la izquierda, la derecha o el centro, pero una vez instalados en el poder deben responder a crecimiento, inversión, deuda, déficit, mercados, competitividad, inflación, calificaciones financieras y movimientos de capital.
La economía dejó así de ser solamente uno de los grandes problemas de la política para convertirse progresivamente en la Gran Política.
Pero aquella reflexión dejaba abierta una pregunta que merece ser explorada: ¿es posible salir de esa metaestructura sin salir de la economía mundial que la sostiene?
Y es aquí donde aparece México, y quizás la salida está en la respuesta mexicana y su 4a Transformación (4a T.).
A casi dos años del gobierno de Claudia Sheinbaum, México ofrece un fenómeno que merece ser observado más allá de las simpatías o antipatías partidistas, porque el movimiento social y político de la 4a T. no proviene del socialismo marxista-leninista del siglo XX, pues no existe abolición de la propiedad privada, colectivización de los medios de producción ni desaparición del mercado; y México continúa siendo una economía capitalista, abierta, profundamente integrada a los circuitos mundiales de producción y comercio, por esto el fenómeno resulta interesante.
Creo que, con el movimiento de la 4a T, que ha encabezado primeramente Andrés Manuel López Obrador AMLO y ahora la presidenta Sheinbaum, dentro de la economía capitalista está produciéndose un intento de reconstrucción de la función social del Estado.
Una contradicción, pues dentro del predominio del capitalismo el Estado mexicano pese a estar inmerso en una economía global capitalista pretende recuperar bienestar, soberanía, autonomía y capacidad de intervención, o sea que en México el Estado está actuando socialistamente, y bien, podríamos denominar ese intento como un socialismo del sentido común.
No el socialismo de la revolución proletaria, sino aquel que comienza con una pregunta mucho más elemental: ¿qué debe hacer el Estado cuando la economía produce riqueza y,
simultáneamente, distribuye de manera profundamente desigual las posibilidades de disfrutarla?
Una respuesta posible es la del Estado mínimo: intervenir lo menos posible y confiar en que los mecanismos económicos producirán, directa o indirectamente, el equilibrio social, y la otra, consiste en recuperar al Estado como mediador entre la producción económica de la riqueza y su traducción en condiciones materiales de existencia.
Ahí se encuentra el núcleo de lo que está ocurriendo en México, y parece que México a optado con la 4a T. por la segunda respuesta: un Estado como mediador entre las riquezas que produce la economía y una democracia económica que permita una mejor redistribución de la plusvalía economía y esto se traduzca en bienestar social para las mayorías.
Existe un dato que permite abonar esta afirmación.
En 2026, los Programas para el Bienestar disponen de más de un billón de pesos y el gobierno calcula que alcanzarán directamente a 42.8 millones de personas. La propia administración federal lo presenta como el mayor nivel de inversión social registrado hasta ahora en estos tipos de programas por un gobierno de México.
La cifra importa no solamente por su magnitud, importa por lo que significa políticamente.
Después de varias décadas durante las cuales México transitó hacia una concepción que redujo o transformó importantes espacios de intervención económica del Estado, aparece nuevamente un gobierno dispuesto a movilizar una cantidad de recursos públicos de esta dimensión para intervenir directamente sobre las condiciones materiales de millones de personas.
Y el movimiento no parece plantearse como provisional, pues en el Paquete Económico 2027 contempla alrededor de 1.1 billones de pesos para los Programas para el Bienestar, al mismo tiempo que proyecta aumentos reales para educación, ciencia, salud y otras áreas públicas.
Aquí está el dato que vuelve especialmente interesante el experimento mexicano.
Durante aproximadamente tres décadas, desde las reformas iniciadas en los años ochenta y profundizadas a partir del gobierno de Carlos Salinas de Gortari, México experimentó privatizaciones, apertura económica, liberalización y una modificación sustantiva de las funciones productivas y reguladoras que había acumulado el Estado posrevolucionario.
No desapareció el Estado social ni dejaron de existir políticas públicas de combate a la pobreza, aunque si no del calado de los gobiernos de la 4a T., sería históricamente incorrecto afirmarlo.
Lo que cambió fue la concepción de la relación entre Estado y economía.
El mercado adquirió una centralidad creciente y el Estado dejó de asumir muchas de las funciones productivas que había desempeñado durante buena parte del siglo XX.
Ese ciclo atravesó gobiernos de diferentes partidos y llegó hasta Enrique Peña Nieto.
La llegada de Andrés Manuel López Obrador en 2018 significó una ruptura política con aquella orientación y comenzó un proceso de recuperación de la intervención estatal, fortalecimiento de empresas públicas, expansión de transferencias sociales y recuperación del salario mínimo.
Pero López Obrador enfrentó también los límites institucionales de su primera etapa: durante buena parte de su gobierno no contó con la mayoría constitucional necesaria para realizar determinadas modificaciones que requerían las dos terceras partes del Congreso.
Sheinbaum recibe una situación distinta.
