ESTÁ CLARO: A los integrantes del GIEI, contratados para investigar lo que sucedió la “noche de Iguala”, les afectó algún mal que les impidió ver lo que estaba frente a sus ojos: un cúmulo increíble de elementos que podrían haber establecido una ruta real para hallar la verdad que por alguna razón fue oscurecida. Tamaño “descuido”, por decirlo de alguna manera, debe significar alguna responsabilidad que requiere ser aclarada.
TENER LA CERTEZA de qué fue lo que sucedió con los 43 estudiantes es hoy, y así será hasta tener resultados convincentes, la tarea más importante para el gobierno de la PresidentA Sheinbaum en lo que a derechos humanos concierne, pero hay algo que no puede quedar sin una investigación seria y profunda: ¿por qué se ocultaron pruebas que podrían ser definitivas?
LAS INVESTIGACIONES PRESENTADAS ayer por la Secretaría de Gobernación y la Fiscalía General de la República no dejan duda de que el trabajo de los llamados expertos fue deficitario, por descuido involuntario o por dolo, y eso tiene que investigarse. Se contrató, a recomendación del reconocido miembro de la ultraderecha nacional Emilio Álvarez Icaza y el hoy miembro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Vidulfo Rosales, a un grupo de expertos, que quede claro: expertos que no vieron lo que vieron y lo desecharon como prueba, aunque estaba allí, frente a sus narices.
ENTONCES, ¿POR QUÉ se contrató a un grupo que según los datos presentados no tenían la capacidad para la investigación?, y si la tenían, ¿con qué fin pasaron por alto los hallazgos que fueron expuestos en la conferencia de prensa de ayer en Bucareli?
PARECE QUE AL fin ayer, 12 años después, se inició la investigación. Alguien en la misma conferencia aseguró que los datos exhibidos ya se habían dado a conocer con anterioridad, como para tratar de descalificar las cuatro nuevas líneas de investigación en las que ya se trabaja, y la respuesta fue contundente, pues por eso, porque necesitan ser investigadas como nuevas pruebas por las omisiones detectadas.
LOS EXPERTOS QUE entonces se contrataron por conducto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que manejaba el mismo Emilio Álvarez, cobró por sus investigaciones. Algunos datos advierten que el costo fue de más de 2 millones de dólares, pero las cifras que se manejan oficialmente no respaldan ese dato y señalan que las erogaciones a favor del grupo de expertos fue de 36 millones 918 mil 944 pesos.
PROLONGAR DE MANERA ficticia o dolosa el sufrimiento de madres y padres de los jóvenes estudiantes tiene que encerrar una responsabilidad. Además, será necesario hacer el análisis de la participación con intención política de personajes como Álvarez Icaza.
PERO, PRIMERO QUE nada, el compromiso del gobierno de encontrar la verdad pese a quien le pese, y nos referimos, desde luego, a la derecha y sus ultras que no quedarán satisfechos con el informe que ayer abrió los ojos de muchos que no querían abrirlos.
LA INVESTIGACIÓN ACTUAL merece credibilidad. Nada más.
De pasadita
FUE EN ESTE mismo espacio donde informamos del nuevo testigo en el caso de los estudiantes de Ayotzinapa, un menor, hace 12 años, que fue contratado para ir acomodando los cuerpos de los jóvenes en camionetas de redilas, unos sobre otros. Los de abajo murieron de asfixia, habría confesado el hoy joven, quien también era halcón de un grupo delictivo, se asegura.
POR ESO ES que decimos que la investigación sobre “la noche de Iguala” apenas empieza y tiene muchas incógnitas por resolver, caiga quien caiga.
