El mejor expresidente es y ha sido aquél que ha guardado prudente silencio, casi sepulcral, casi monacal. Aquél que, cuando entrega la banda presidencial, se va sin decir adiós y a archivarse en el museo del olvido de la historia. En un sistema presidencialista como el nuestro, los expresidentes mexicanos solían vivir con la dicha inicua de querer ser Premio Nobel de la Paz. Otros querían ir a la ONU, de jerarcas y mandones, como Echeverría. Algunos, como Salinas, intentaron ir a la Organización Mundial del Comercio (OMC), y terminó como el villano favorito de los mexicanos. La historia ha escrito que los expresidentes se resisten a ir a cuidar de sus nietos, sentarse en el reposet, leer un libro y olvidarse del presente. Los pleitos entre sucesores han sido de antología. Ruiz Cortines llegó barriendo a Alemán padre. Echeverría desapareció del panorama a Díaz Ordaz. A Echeverría, su compadre José López Portillo lo exilió de embajador al fin del mundo. Y es de recordar cuando Jesús Reyes Heroles recibió llamada por la red y sorprendido vio que era el expresidente Echeverría. Reyes Heroles le desconectó la red y aquél se fue al anonimato. Zedillo se ensañó con Salinas y ese pleito aún continúa.
Entre Fox y Calderón no hubo riñas, quizá distanciamiento pero cuidaron mucho ser y provenir de la misma ubre, el PAN.
Felipe González acuñó esa famosa frase que dice que los expresidentes son como jarrones chinos en apartamentos pequeños. Todos les suponen un gran valor, pero nadie sabe dónde ponerlos y, secretamente, se espera que un niño les dé un codazo y los rompa. Y es que los expresidentes, que ostentaron el máximo poder político y observaron el Estado por todos sus costados, hasta los más oscuros, guardan grandes secretos.
LAS AUSENCIAS
AMLO juró y perjuro que se iba a su rancho a escribir, pero no solo escribe, apaleado por la gente de vez en cuando sale más al público a defender a sus hijos, que están llenos de acusaciones de multimillonarios con contratos del gobierno.
El periodista Ciro Gómez Leyva declaró en su espacio de noticias en Radio Fórmula que el ex-presidente Andrés Manuel López Obrador “no podría viajar en un avión comercial” ni exponerse públicamente porque, según su opinión, no aguantaría los reclamos y el repudio de la gente.
El señalamiento: Gómez Leyva afirmó que el ex-mandatario permanece “escondido” o alejado de la vida pública en su quinta en Palenque, Tabasco, debido a que enfrentaría un clima de rechazo si circulara libremente.
El comunicador contrastó la situación señalando que López Obrador utilizó un transporte militar para asistir a un evento de Morena, a diferencia de otros funcionarios como Marcelo Ebrard que viajan en vuelos comerciales.
La realidad es que hoy, Ernesto Zedillo anda en su chamba en Estados Unidos como Director del Programa para el Estudio de la Globalización de la Universidad de Yale (dentro de la Escuela Jackson de Asuntos Globales). Felipe Calderón su hogar es en Madrid y vive de sus conferencias, donde apenas hizo una en México. Apariciones espontaneas de Enrique Peña Nieto, hacen ver que el papucho goza de cabal salud. Y Salinas lució la semana pasada en conferencias en Harvard, con estudiantes mexicanos He allí la diferencia.
El problema, por tanto, no puede explicarse solamente por el hacinamiento.
Una cárcel puede tener espacio disponible y, aún así, perder el control.
Lo ocurrido en el penal de El Castillo, en Mazatlán, ilustra esa contradicción. De acuerdo con reportes periodísticos, el centro tenía menos internos que su capacidad oficial cuando se registraron episodios de violencia que dejaron al menos 12 muertos.
El problema, por tanto, no puede explicarse solamente por el hacinamiento.
El gobierno anunció la construcción de seis nuevos centros penitenciarios, con capacidad conjunta para 18 mil 480 personas. La medida puede ayudar a reducir la presión sobre un sistema que, de acuerdo con las cifras disponibles a agosto, tenía más de 45 mil internos por encima de su capacidad.
Pero construir más espacios no resuelve automáticamente lo que ocurre dentro de ellos.
El Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2025 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos identificó deficiencias en la clasificación de las personas internas, insuficiencia de personal de custodia y problemas de salud, además de situaciones de autogobierno en centros penitenciarios.
Es decir, el desafío no consiste únicamente en alojar a más personas, sino en garantizar que la autoridad siga siendo del Estado.
Una prisión necesita instalaciones adecuadas, pero también custodios suficientes, protocolos eficaces, vigilancia, servicios médicos y condiciones que permitan una reinserción social real.
Cuando esas piezas fallan, los muros pueden seguir en pie mientras la autoridad se debilita.
Y ese es el punto que merece atención.
Ampliar la capacidad penitenciaria puede ser necesario. Lo que no debería ocurrir es que la inversión en nuevas instalaciones termine sustituyendo la discusión sobre cómo se administran, quién las controla y qué sucede con las redes criminales que pueden operar desde su interior.
Porque una cárcel no cumple su función simplemente porque tenga celdas ocupadas y puertas cerradas.
La cumple cuando el Estado conserva el control, protege la integridad de quienes están dentro y evita que la prisión se convierta en otra extensión del delito.
Por eso no podemos minimizar el anuncio de seis nuevos penales en el país para albergar a más de 18 mil personas. Y aunque más espacio no soluciona el problema en lo absoluto, con una estrategia bien pensada se puede avanzar en una mejor dirección.
Construir una cárcel es levantar muros. Gobernarla es otra cosa.
Veremos qué ocurre, y si de verdad ocurre.
****
Sobre la detención de El Moco
La detención de “El Moco”, señalado como presunto líder de un grupo delictivo con operaciones en Puebla e Hidalgo, representa un golpe relevante a las estructuras criminales que operan en la Sierra Norte.
La captura en Zacatlán fue resultado de labores de inteligencia y de un operativo en el que participaron autoridades federales, estatales y municipales, con el respaldo de la Secretaría de Marina y la Fiscalía poblana.
El caso también pone de relieve la importancia de la coordinación entre el gobierno de Puebla y la Federación. Cuando las corporaciones comparten información y capacidades, los objetivos prioritarios pueden dejar de serlo para las autoridades solamente en el papel y convertirse en detenciones concretas.
El reto, desde luego, será que estos resultados se traduzcan en mayor seguridad para la población, y en investigaciones que permitan llevar ante la justicia a los responsables.
El problema no cabe en una celda
Por: Alejandro Aguirre Guerrero
El problema, por tanto, no puede explicarse solamente por el hacinamiento.
Una cárcel puede tener espacio disponible y, aún así, perder el control.
Lo ocurrido en el penal de El Castillo, en Mazatlán, ilustra esa contradicción. De acuerdo con reportes periodísticos, el centro tenía menos internos que su capacidad oficial cuando se registraron episodios de violencia que dejaron al menos 12 muertos.
El problema, por tanto, no puede explicarse solamente por el hacinamiento.
El gobierno anunció la construcción de seis nuevos centros penitenciarios, con capacidad conjunta para 18 mil 480 personas. La medida puede ayudar a reducir la presión sobre un sistema que, de acuerdo con las cifras disponibles a agosto, tenía más de 45 mil internos por encima de su capacidad.
Pero construir más espacios no resuelve automáticamente lo que ocurre dentro de ellos.
El Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2025 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos identificó deficiencias en la clasificación de las personas internas, insuficiencia de personal de custodia y problemas de salud, además de situaciones de autogobierno en centros penitenciarios.
Es decir, el desafío no consiste únicamente en alojar a más personas, sino en garantizar que la autoridad siga siendo del Estado.
Una prisión necesita instalaciones adecuadas, pero también custodios suficientes, protocolos eficaces, vigilancia, servicios médicos y condiciones que permitan una reinserción social real.
Cuando esas piezas fallan, los muros pueden seguir en pie mientras la autoridad se debilita.
Y ese es el punto que merece atención.
Ampliar la capacidad penitenciaria puede ser necesario. Lo que no debería ocurrir es que la inversión en nuevas instalaciones termine sustituyendo la discusión sobre cómo se administran, quién las controla y qué sucede con las redes criminales que pueden operar desde su interior.
Porque una cárcel no cumple su función simplemente porque tenga celdas ocupadas y puertas cerradas.
La cumple cuando el Estado conserva el control, protege la integridad de quienes están dentro y evita que la prisión se convierta en otra extensión del delito.
Por eso no podemos minimizar el anuncio de seis nuevos penales en el país para albergar a más de 18 mil personas. Y aunque más espacio no soluciona el problema en lo absoluto, con una estrategia bien pensada se puede avanzar en una mejor dirección.
Construir una cárcel es levantar muros. Gobernarla es otra cosa.
Veremos qué ocurre, y si de verdad ocurre.
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Sobre la detención de El Moco
La detención de “El Moco”, señalado como presunto líder de un grupo delictivo con operaciones en Puebla e Hidalgo, representa un golpe relevante a las estructuras criminales que operan en la Sierra Norte.
La captura en Zacatlán fue resultado de labores de inteligencia y de un operativo en el que participaron autoridades federales, estatales y municipales, con el respaldo de la Secretaría de Marina y la Fiscalía poblana.
El caso también pone de relieve la importancia de la coordinación entre el gobierno de Puebla y la Federación. Cuando las corporaciones comparten información y capacidades, los objetivos prioritarios pueden dejar de serlo para las autoridades solamente en el papel y convertirse en detenciones concretas.
El reto, desde luego, será que estos resultados se traduzcan en mayor seguridad para la población, y en investigaciones que permitan llevar ante la justicia a los responsables.