DOS LEYES, DOS REVÉS
Salvador Muñoz
Los Políticos
Pensé que Julio Iglesias nomás tropezaba dos veces con la misma piedra, pero no. En Veracruz, también se van ‘d’ocico’.
Resulta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene en la mesa la Ley 841 de Comunicación Social para el Estado de Veracruz, esa criatura jurídica que nació en 2021 con la noble misión de sustituir a otra criatura jurídica que la propia Corte ya había mandado al panteón.
Sí: la anterior Ley 248 de Comunicación Social fue invalidada por la SCJN en enero de 2021 por vicios graves en el procedimiento legislativo.
Entonces nuestros diputados hicieron lo que cualquier alumno aplicado haría después de reprobar el examen: volvieron a presentar otro.
El problema es que, cinco años después, parece que tampoco estudiaron la materia correcta. La CNDH impugnó la nueva Ley 841 desde abril de 2021 mediante la acción de inconstitucionalidad 69/2021 y ahora el proyecto que llegó al Pleno de la Corte propone invalidarla completa. Completa. Completita. No un artículo. No una coma. No ese párrafo jodón que siempre termina echándole a perder el día al jurídico. Toda. Toditita!
Y aquí viene la parte mágica del asunto: el proyecto sostiene, básicamente, que el Congreso de Veracruz se puso a legislar sobre una materia que constitucionalmente corresponde al Congreso de la Unión. En español xalapeño: hicieron una ley que posiblemente ni les tocaba hacer. Es como si un regidor de Alumbrado Público amaneciera inspirado y aprobara el Código Penal. Con entusiasmo, eso sí.
Porque la Ley 841 no se quedó corta. Regula planeación, contratación, gasto, padrón de medios, fiscalización, infracciones y sanciones en materia de comunicación social. Todo muy completo. Tan completo que ahora la Corte podría completar también su acta de defunción.
Lo particularmente delicioso es que ésta sería la segunda ocasión en que la Suprema Corte manda al archivo muerto una legislación veracruzana sobre comunicación social. La primera cayó por cómo la aprobaron. La segunda puede caer porque quizá ni podían aprobarla.
Y no es asunto menor.
La comunicación social es uno de esos territorios donde los gobiernos suelen hablar de transparencia con una mano mientras con la otra reparten convenios, presupuestos, campañas y pautas… o nada, parafraseando a Ramos Alor: Puro chile!
Por eso cualquier legislación sobre publicidad oficial tendría que ser particularmente cuidadosa: reglas claras, criterios objetivos y suficientes candados para impedir que el dinero público se utilice como premio, castigo, zanahoria o garrote para medios de comunicación.
La SCJN todavía tiene que resolver y habrá que esperar la votación definitiva antes de sacar las campanas, los crespones o las botellas de champaña.
Pero si el proyecto prospera, el mensaje institucional será difícil de maquillar:
Veracruz tuvo una ley de Comunicación Social. La Corte la tumbó. Veracruz hizo otra. Y la Corte puede tumbarla también.
Así que quizá antes de pensar en una tercera versión convendría que alguien en el Congreso leyera la Constitución. No completa. Con el artículo que les toca sería ganancia porque a este paso, más que Ley de Comunicación Social, aquello terminará pareciendo una serie de Netflix:
Primera temporada: “La ley que nació mal”.
Segunda temporada: “La ley que no debió nacer”.
Y uno sólo espera que para la tercera ya cambien de guionistas.
