La renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia del INE, después de las investigaciones periodísticas sobre irregularidades en contratos y relaciones con proveedores, no cierra el escándalo. Por el contrario, abre una etapa todavía más delicada porque ahora tendrán que esclarecerse las contrataciones cuestionadas, deslindarse responsabilidades y, simultáneamente, encontrarse una nueva conducción para el organismo encargado de organizar las elecciones de 2027.
Durante años, el INE ha estado en el centro de una batalla política impulsada desde Palacio Nacional.
Después, ya con estos dos personajes fuera del Instituto Electoral, comenzó el abordaje del oficialismo a los puestos de consejeros y es allí donde aparece Guadalupe Taddei.
Su designación en 2023 no fue resultado de una votación de la Cámara de Diputados, sino de la insaculación prevista constitucionalmente ante la falta de acuerdos para alcanzar la mayoría calificada. Desde entonces, sectores de la oposición cuestionaron su cercanía familiar y política con personajes vinculados al oficialismo, como el propio López Obrador y Alfonso Durazo.
Tres años después, Taddei se va.
Ahora comienza el verdadero problema.
El proceso electoral federal ya está en marcha desde el 10 de septiembre y culminará con la jornada del 6 de junio de 2027. Ese día se renovarán las 500 diputaciones federales y, concurrentemente, habrá elecciones locales en todo el país. Están en juego más de 19 mil cargos, incluidas 17 gubernaturas. Es una operación electoral gigantesca.
La salida de Taddei obliga primero a una presidencia provisional y posteriormente al procedimiento constitucional para elegir a quien deberá conducir definitivamente al Instituto. Allí estará la siguiente batalla política.
No se requiere tener dones de adivino para saber por cuál opción se va a inclinar la mandataria.
Existe, además, otro peligro que pocas veces recibe suficiente atención: el abstencionismo.
El INE aún conserva, sin embargo, algo que no debe despreciarse: una estructura profesional construida durante décadas, miles de trabajadores especializados, procedimientos establecidos y una maquinaria electoral capaz de instalar casillas, capacitar ciudadanos, fiscalizar partidos y contar millones de votos.
El problema no está en esa estructura, sino en algunos consejeros y, por supuesto, en el propio gobierno federal.
La democracia mexicana está más endeble que nunca y ello no le conviene a nadie, aunque algunos radicales de Morena lo celebran, lo cierto es que este viraje de la 4T a la autocracia, al final del día, los dañará.
El poder no es para siempre.
Durante décadas costó demasiado construir una autoridad electoral que pudiera organizar elecciones competitivas y generar confianza entre fuerzas políticas que desconfiaban unas de otras. Destruir esa confianza puede acabarse en días y reconstruirla puede tomar generaciones.
AMLO convirtió al INE en adversario político; Morena ha sido cuestionado por la oposición por buscar ampliar su influencia sobre los órganos electorales, y ahora la gestión de Taddei termina entre el estiércol.
El 6 de junio de 2027, México no solamente elegirá diputados, gobernadores, alcaldes y legisladores locales, sino también será una especie de plebiscito al INE que antes era una institución ciudadana y ahora, un apéndice de la estructura gubernamental.
