La presunta responsabilidad militar en las desapariciones forzadas del caso Ayotzinapa

El caso Ayotzinapa es emblemático en el contexto de la crisis de desapariciones que vive México porque tiene muchos de los elementos que cruzan ese fenómeno: crimen organizado coludido con políticos, policías y militares; redes de protección institucional que se activan para buscar la impunidad de los autores de esos delitos y feroces campañas mediáticas que se alimentan de la desinformación y que tienen como propósito obstaculizar la verdad.

También, por la revictimización de las víctimas que, en este caso, son los padres de los 43 normalistas desaparecidos la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, un estado golpeado por el delito de desaparición forzada desde los años 60, en el marco de la llamada “Guerra Sucia” del aparato de Estado contra grupos y personas considerados opositores.

A 12 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, 40 padres siguen sin conocer el paradero de sus hijos. Ellos no han tenido ni verdad ni justicia ni reparación ni garantías de no repetición. El Estado mexicano les ha fallado, como a miles de víctimas de desapariciones forzadas.

La Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas señala con claridad que se entiende por “desaparición forzada” el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o de personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley.

El Artículo 5 de esa Convención establece que la práctica generalizada o sistemática de la desaparición forzada es un crimen de lesa humanidad.

En México, la Ley general en materia de desaparición forzada de personas señala en su Artículo 27:

“Comete el delito de desaparición forzada de personas el servidor público o el particular que, con la autorización, el apoyo o la aquiescencia de un servidor público, prive de la libertad en cualquier forma a una persona, seguida de la abstención o negativa a reconocer dicha privación de la libertad o a proporcionar la información sobre la misma o su suerte, destino o paradero”.

Esa Ley indica, además, que los delitos de desaparición forzada de personas tienen el carácter de permanentes o continuos y, por tanto, son imprescriptibles.

Esto significa que la desaparición forzada es un delito de ejecución permanente. En el caso de los 43 normalistas desaparecidos se trata de un crimen de lesa humanidad que se ha cometido a lo largo de 12 años y que se sigue cometiendo cada día que pase mientras no se esclarezca y se castigue a todos los responsables.

El Artículo 28 de la ley mexicana sobre desaparición forzada señala: “Al servidor público, o el particular que con la autorización, el apoyo o la aquiescencia de un servidor público, oculte o se niegue a proporcionar información sobre la privación de la libertad de una persona o sobre el paradero de una persona detenida, u oculte a una persona detenida en cualquier forma se le impondrá la pena prevista en el artículo 30 (de 40 a 60 años de prisión)”.

Es importante partir de este marco jurídico internacional y nacional para establecer presuntas responsabilidades en la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal “Isidro Burgos” de Ayotzinapa.

Los militares supieron todo

Según las evidencias recabadas durante años por el GIEI, la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa (CoVAJ) y la Fiscalía Especial para el caso Ayotzinapa, los 43 normalistas fueron detenidos por policías municipales de Iguala y Cocula, Guerrero, y estos los entregaron al grupo criminal Guerreros Unidos.

Los militares desplegados en Iguala en labores de inteligencia –llamados Órganos de Búsqueda de Información (OBI u OBIS) en el lenguaje castrense– siguieron los hechos en tiempo real y los reportaban en forma inmediata al Batallón 27 en Iguala, a la Zona Militar 35 en Chilpancingo, a la IX Región Militar en Guerrero y a la oficina del titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) de la época, general Salvador Cienfuegos, identificado como DN1 en la documentación militar reservada.

El documento del Grupo de Análisis de Orden Interno (GAOI) de la Sedena numerado con el consecutivo 5151 del 25 de septiembre de 2014 conocido por el GIEI, indica que existía una orden del DN1 de realizar desde días antes un diagnóstico de las movilizaciones de los estudiantes que debería llegar a las 8:00 de la mañana del 26 de septiembre de ese año a las oficinas del general-secretario y, también, de mandar fotografías y material que se recuperara durante la preparación de los normalistas para viajar a la Ciudad de México a la conmemoración del 2 de octubre.

El VI Informe del GIEI señala que “por tanto, es inconcebible que se diga que no se tiene ninguna información al respecto de lo que estaba sucediendo con los estudiantes y que, por el contrario, el Ejército guardase prudente distancia, salvo la existencia de los OBI que informaban o del C-4 (centro interinstitucional de monitoreo) que transmitía lo que estaba sucediendo con la llegada de los estudiantes (a Iguala el 26 de septiembre). Era una orden del DN1 mandar fotografías y material de todo lo que estaba sucediendo, por lo que este material debe estar todavía en sus archivos”.

Por esa razón, “tampoco es sostenible, como señalaron algunos miembros del 27 BI (Batallón de Infantería) ahora investigados, que la información se dio de forma verbal entre los OBI y su responsable el teniente JG o el comandante del 27 BI, porque la orden era que se enviara directamente al DN1”.

Documentos militares recopilados por el GIEI, la CoVAJ y la Fiscalía Especial dan cuenta de que los días 26 y 27 de septiembre de 2014 el seguimiento de los OBIS a los estudiantes inició en Chilpancingo, continuó con su salida de la Escuela Normal hacia Iguala, y en esta ciudad presenciaron los intentos de toma de buses, su traslado a la Central Camionera y, posteriormente, su desplazamiento en dos grupos con el propósito de salir de la ciudad.

La Sedena y DN1 recibieron toda esta información en tiempo real. Los OBIS enviaban los reportes a los responsables de inteligencia del Batallón 27 y de la Zona Militar 35, con copia a la IX Región Militar en Guerrero y a las oficinas de DN1, es decir, al general Cienfuegos.

Un mensaje en Formato Cifrado Arcano (FCA), que es el utilizado por la Sedena para sus informes confidenciales, llegó a las oficinas del DN1, al S-2 (Inteligencia), a la IX Región y al Batallón 27 cuatro días antes de las desapariciones. Señalaba: ”A. 08:00, 22 de sep. de 2014, se tuvo conocimiento de una reunión del comité estudiantil Ricardo Flores Magón perteneciente al citado plantel educativo al interior de las instalaciones de la Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa municipio de Tixtla donde acordaron los asistentes que durante la presente semana realizarán la retención de aproximadamente 15 autobuses de las empresas con razón social Estrella de Oro, y Estrella Blanca con la finalidad de contar con los medios necesarios para trasladarse a la plaza de México D.F. a fin de participar en el XVLI aniversario de los hechos registrados el 2 de octubre de 1968…”.

Ese tipo de mensajes se multiplicaron durante los días siguientes. El 26 de septiembre de 2014, los OBIS reportaron de manera pormenorizada a sus superiores todos los movimientos de los estudiantes, quienes buscaban tomar buses para viajar a la Ciudad de México a la marcha por el 2 de octubre.

Es claro que la información de la toma de buses por parte de los normalistas se sabía con antelación en la Sedena y que la institución militar tenía detalles precisos, al más alto nivel, por las órdenes que había impartido DN1, de las reuniones que se celebraban dentro de la escuela, donde se encontraban desplegados OBIS matriculados como normalistas que, según la terminología militar, estaban en condición de “fachada”. Uno de ellos fue uno de los 43 desaparecidos la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala.

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró el pasado 1 de octubre que “no necesariamente” era un infiltrado, sino que “estaba estudiando en Ayotzinapa”. Pero los propios documentos de la Sedena contradicen a la presidenta.

El GIEI conoció documentación de la Sedena que muestra que el soldado López Patolzin fue asignado con función de OBI –en los documentos se le señala como “fachada”– a la Escuela Normal y, por lo tanto, informaba permanentemente de los movimientos de los estudiantes, igual que lo hacían otros OBIS infiltrados en otros cursos.

Dolo eventual

Lo que es muy llamativo es que si la Sedena sabía en tiempo real lo que estaba ocurriendo con los estudiantes y con los ataques que sufrieron la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala por parte de policías municipales e integrantes del crimen organizado, la institución no haya evitado que los jóvenes desaparecieran.

La Sedena tenía competencia para actuar, tenía conocimiento de los hechos en tiempo real y había intervenido en otras ocasiones en que se presentaron hechos de violencia con armas de fuego en Iguala, según se documenta en el capítulo “5.2.1. Contexto previo y deber de actuación en 2014. Actuaciones y competencia de SEDENA cuando se dan ataques con armas” del VI Informa del GIEI del caso Ayotzinapa.

La Sedena también monitoreaba a Guerreros Unidos y otros grupos criminales que actuaban en la región de Iguala. Documentos de inteligencia militar conocidos por el GIEI incluyen partes de conversaciones entre criminales presuntamente implicados en las desapariciones de los normalistas. En esas comunicaciones telefónicas interceptadas la noche del 26 de septiembre de 2014 se dice que tienen 17 detenidos en “la cueva”, lo que coincide con los 17 jóvenes que fueron llevados a la comandancia de la policía en barandillas y entregados a los criminales.

Si DN1 se enteró de que era posible que 17 de los estudiantes estuvieran retenidos en una cueva y no hizo nada, incurrió en dolo eventual y un juez podría determinar si es presunto coautor del delito de desaparición forzada.

Existe abundante evidencia de que la Sedena se ha negado a entregar a los padres de los 43, a sus representantes y a los investigadores del caso, toda la información que tiene sobre el caso.

La institución militar cuenta con abundante y pormenorizada información del ataque contra los 43 normalistas y de su desaparición, tanto por el seguimiento que sus servicios de inteligencia hicieron a las actividades de los estudiantes en septiembre de 2014 como por las investigaciones e interceptaciones telefónicas a miembros del grupo criminal Guerreros Unidos.

El muro verde

Como titular de la Sedena, el general Cienfuegos optó por la opacidad en relación con la información en poder del Ejército sobre los sucesos de la Noche de Iguala. En el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, el general Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional entre 2018 y 2024, permitió una apertura parcial de los archivos

Por órdenes del presidente López Obrador, el general Sandoval dio acceso al GIEI a parte de los archivos de la Sedena sobre el caso. Pero cuando la misma información suministrada nos indicaba que había cientos de documentos faltantes, pedimos a la Sedena proporcionarlos y, en ese momento, nos encontramos de nuevo con lo que he llamado un “muro verde” impenetrable.

El alto mando militar desobedeció las órdenes del presidente López Obrador de entregar toda la información de la institución militar sobre el caso Ayotzinapa. Esa es la llave para dar con paradero de los 40 estudiantes que falta localizar e identificar (hasta ahora se han encontrado e identificado a Alexander Mora Venancio, Christian Alfonso Rodríguez Telumbre y Jhosivani Guerrero de la Cruz).

López Obrador terminó por respaldar al Ejército mexicano en su afirmación de que ya había proporcionado toda la información sobre el caso, lo que no es verdad, según los propios folios referidos en los mismos documentos de la Sedena. Se trata de los famosos 800 folios faltantes.

El actual secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo, mantiene la misma versión que sus antecesores: que ellos ya entregaron todo. El pasado 2 de octubre declaró que en esa institución militar “ya no hay más documentos” sobre el caso Ayotzinapa. La presidenta Claudia Sheinbaum ha respaldado esa versión. Pero las evidencias los contradicen.

Esta es parte de una entrevista que me hizo la revista Proceso en septiembre de 2013:

–¿Usted cree que los militares saben qué pasó con los muchachos? –se le pregunta a Buitrago.

–Ellos saben –responde la exintegrante del GIEI.

–¿Ellos saben qué pasó?

–Estoy convencida.

–¿Ellos saben su paradero?

–Yo creo que sí, yo creo que sí –insiste–. Porque, además, en los documentos del CRFI (Centro Regional de Fusión de Inteligencia) está. Hay documentos en donde en esos monitoreos técnicos se dice dónde están.

–¿Esa información que ellos (los militares) están ocultando podría servir para dar con el paradero de los 40 muchachos que faltan de ser localizados? –se le pregunta.

–Sí, y (con el paradero) de los demás responsables. Porque además el monitoreo es directo, el monitoreo es el seguimiento técnico de los teléfonos, incluso de autoridades, pero también del crimen organizado.

El caso Ayotzinapa es un caso de desaparición forzada constitutivo de un crimen de lesa humanidad. Este no es un delito que prescriba, ni en ámbito del Derecho Internacional Humanitario ni en la legislación mexicana. Por tanto, es un delito que, desde 2014, ha tenido continuidad hasta hoy.

Es, y vale la pena resaltarlo, un delito de ejecución permanente. Hoy mismo se está cometiendo, y los presuntos responsables están sujetos a todas las legislaciones actuales o futuras que sancionen ese crimen. En su caso no aplica el principio de irretroactividad de la ley.

La jurisprudencia aplicable

En el caso Ayotzinapa, el Estado mexicano figura como corresponsable del delito de desaparición forzada por acción, ya que hubo agentes estatales como policías, y presuntamente militares, involucrados en los hechos, como por omisión. ¿Quién no recuerda que la primera investigación, de la desaparecida Procuraduría General de la República (PGR), fabricó una llamada “verdad histórica” basada en testimonios obtenidos con torturas y en la colocación de evidencias en el río San Juan?

Me han preguntado si altos mandos de la Sedena pueden ser presuntos responsables del delito de desaparición forzada por no haber proporcionado a los padres de los 43 y a los investigadores toda la información del caso en poder de la institución. Las presuntas responsabilidades las deben determinar los jueces.

Lo que sí puedo afirmar es que son contundentes las pruebas de que el DN1 en septiembre de 2014 estaba enterado de lo que estaba pasando cada minuto en esa región de Guerrero con los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, desde que salieron de la escuela a buscar autobuses hasta que desaparecieron.

Primero, el general-secretario debió haber ordenado impedir los ataques armados contra los normalistas y, después, si por alguna razón no conoció de inmediato la información, debió ordenar recuperar a los muchachos. ¿Qué hizo para rescatar a los normalistas? Nada. Eso es lo que en derecho llamamos dolo eventual.

Es obligación del Estado mexicano determinar quiénes fueron los presuntos autores, partícipes y encubridores de ese crimen atroz, tanto por acción como por omisión.

Hay 16 militares procesados por la desaparición de los normalistas, algunos de ellos acusados por los jueces de desaparición forzada; otros, por delincuencia organizada y, algunos más, por ambos delitos.

El Ejército mexicano debió haber entregado toda la información del caso Ayotzinapa a los investigadores judiciales desde el día uno. Hoy son los jueces los que deben determinar, con las evidencias disponibles, si altos mandos militares han obstaculizado la investigación.

El pasado 6 de agosto fue detenido el exgobernador de Guerrero Ángel Aguirre por su presunta participación en el caso Ayotzinapa. La Fiscalía General de la República (FGR) le imputó cargos por desaparición forzada y delitos contra la administración de justicia por ordenar, de manera dolosa, ocultar y destruir grabaciones de las cámaras de seguridad del Palacio de Justicia en Iguala sobre los ataques a los estudiantes.

El juez del caso del exgobernador dictaminó que, al no haber permitido conocer lo que pasó, Ángel Aguirre Rivero es copartícipe de la desaparición porque perpetúa la desaparición.

Ese mismo principio podría ser aplicable a todos los civiles, policías y militares que, con el consentimiento de autoridades políticas, se han negado a entregar toda la información sobre el caso Ayotzinapa.

México tiene un grave problema de desapariciones, con más de 130 mil desaparecidos, y es a todas luces necesario que la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se ocupe de esa crisis.

Existe un derecho supranacional que es aplicable al caso Ayotzinapa y que debe verse reflejado en la homogeneidad que deben tener los aparatos de administración e impartición de justicia para abordar y esclarecer este tipo de delitos. Este no es un asunto en el que la sociedad civil tenga que exigirle al Estado, sino en el que el Estado debe cumplir con las expectativas de su funcionamiento.

Un análisis interdisciplinario ponderado, riguroso y profesional de los desaciertos de diferentes actores estatales en el caso Ayotzinapa permitiría a México hacer correcciones que tendrían un impacto positivo para atender el fenómeno de las desapariciones.

(Esta es una reflexión de la exintegrante del GIEI, Ángela María Buitrago, sobre el caso Ayotzinapa en el marco del fenómeno de las desapariciones en México, elaborada a partir de entrevistas con Proceso, análisis jurídicos y conferencias que ha dictado sobre el tema.)

*Ángela María Buitrago fue integrante del GIEI. Ha sido ministra de Justicia de Colombia, fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, consultora de la ONU en derechos humanos y perito de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Es especialista en derecho penal de la Universidad de Salamanca y doctora en derecho y en sociología de la Universidad Externado de Colombia, donde se desempeña como docente e investigadora.