¿Qué oculta la desaparición en México?

El 12 de mayo de 2026 el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, envió una nota (A/80/737) a todos los países miembros de la Asamblea General (AGONU) con el informe del Comité contra las Desapariciones Forzadas (CED por sus siglas e inglés), en el que “concluye que existen indicios bien fundados de que las desapariciones forzadas se han perpetrado y se siguen perpetrando en México como crímenes de lesa humanidad, mediante varios ‘ataques’ generalizados o sistemáticos en distintos lugares y momentos, dirigidos contra la población civil…”.

El Comité de Derechos de la Niñez (CRC/C/MEX/CO/6-7, Sept. 2024) “está profundamente preocupado por los altos índices de desaparición forzada de niños (y niñas); insta al Estado parte a que: … Otorgue el máximo nivel de prioridad a la prevención, investigación y sanción… y (a)borde las causas profundas de las desapariciones…”.

El Comité contra la Discriminación hacia la Mujer (CEDAW/C/MEX/CO/10, Jul. 2025) “observa con profunda preocupación que: a) Hay un aumento de los casos de violencia de género contra las mujeres y las niñas cometida por actores estatales y no estatales, incluidas organizaciones delictivas, como desapariciones… También le preocupa que la crisis de las desapariciones forzadas coincida con la escalada de violencia letal que enfrentan las buscadoras”.

El Comité Contra la Tortura (CAT/C/MEX/CO/7 2019) “…lamenta que el Estado parte no haya dado respuesta a los informes que denuncian falta de diligencia en la investigación de los casos de desaparición forzada y cuestionan la eficacia de los mecanismos de identificación forense existentes”.

El Comité de Trabajadores Migratorios (CMW/C/MEX/CO/4, May. 2025) “expresa su profunda preocupación por el impacto extremamente grave de la desaparición forzada de personas en los migrantes y mexicanos en tránsito”.

El Comité Contra la Discriminación Racial (CERD/C/MEX/CO/22-24 Abr. 2024) “lamenta que, a pesar de los compromisos expresados (…), las personas migrantes, los solicitantes de asilo y los refugiados continúen siendo víctimas de (…) desapariciones forzadas…”.

Lo cierto es que la desaparición no existe. No es más que una cortina que oculta una realidad; es el dedo que apunta al sol y, por tanto, tenemos que ver más allá de una conducta penal o fetichizarla. La desaparición es el ocultamiento de verdades que deben develarse, reconocerse y atenderse. ¿Qué oculta la desaparición en México?

El fenómeno de la desaparición en México no es nuevo. En la llamada Guerra Sucia o, propiamente, la guerra de contrainsurgencia, sabemos que existió una política deliberada de los gobiernos de finales de los sesenta hasta entrados los ochenta, operada por el ejército y las fuerzas de seguridad, para deshacerse de disidentes políticos y recuperar el control territorial, sembrando miedo en la población y en cualquier otro foco opositor.

La desaparición también existió como política deliberada durante el conflicto armado en Chiapas. Según lo determinó la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia del caso Antonio González Méndez y otros vs. México, del 22 de agosto de 2024: “…el Estado ‘impulsó una política de contr[ai]nsurgencia para eliminar cualquier incidencia política para limitar las libertades políticas de los chiapanecos y mexicanos; y particularmente de los pueblos y comunidades del Estado de Chiapas’”. La política de contrainsurgencia contra la población indígena, como en Guatemala, puede constituir un crimen de genocidio.

En esta tercera época de desapariciones sabemos de la participación del Ejército en casos emblemáticos como Ayotzinapa y Tlatlaya, o la Marina en Tamaulipas, entre muchos otros; sabemos también que participa de negocios criminales, como el huachicol fiscal, entre otros, en los que participa con grupos delincuenciales que han logrado controlar grandes porciones de territorios con decenas de otros giros criminales e incluso asumiendo el poder político de municipios, impulsando y en muchos casos imponiendo por la vía de la amenaza o el asesinato de opositores, a sus propios candidatos. Aún está por investigarse el alcance de la participación de las fuerzas armadas en este fenómeno y si existe nuevamente una política deliberada para perpetrar crímenes atroces. No hay que olvidar que las fuerzas armadas son el único actor en los mismos territorios que se ha mantenido constante desde hace 20 años y que, cada vez, cuenta con más recursos y facultades.

El gobierno de la presidenta Sheinbaum ha aceptado que las desapariciones existen, pero las atribuye al crimen organizado o a “problemas del pasado”, sin ofrecer un diagnóstico claro. Por su parte, el CED ha constatado que “existe una práctica generalizada e impunidad casi total; la participación de servidores públicos y de grupos criminales, y deficiencias institucionales” que el Estado ha sido incapaz de remontar, a pesar de los avances que dice tener, y señala que “(l)as recomendaciones de 2023 reiteran muchas de las formuladas en 2015, 2018 y 2021, lo que resalta su falta de implementación”.

Sin prejuzgar las razones de la incapacidad del Estado para atender las causas y consecuencias de las desapariciones generalizadas en México, el CED decidió utilizar su último recurso: activar el Artículo 34 de la Convención para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, para que sea la Asamblea General misma la que tome cartas en el asunto.

El Comité señala “indicios bien fundados” que en todo caso deberían confirmarse o descartarse con una investigación, y en su caso remediar sus efectos, por ello propone en su informe a la Asamblea General dos puntos:

• Brindar la cooperación técnica, el apoyo financiero y la asistencia especializada que México requiera en las áreas de búsqueda, análisis forense, e investigación exhaustiva de las alegaciones de desapariciones forzadas y de vínculos entre servidores públicos y el crimen organizado; y

• Establecer un mecanismo eficaz para esclarecer la verdad y proporcionar asistencia y protección a las familias que buscan a sus seres queridos, así como a las organizaciones y defensores que las apoyan.

La constatación del CED de que las desapariciones forzadas se siguen perpetrando como crímenes de lesa humanidad activa el Deber de Proteger (D2P) de las Naciones Unidas, de acuerdo con la Resolución Final de la Cumbre Mundial de 2005 (A/RES/60/1), en su párrafo 139: “La comunidad internacional, por medio de las Naciones Unidas, tiene también la responsabilidad de utilizar los medios diplomáticos, humanitarios y otros medios pacíficos apropiados, de conformidad con los Capítulos VI y VIII de la Carta, para ayudar a proteger a las poblaciones del genocidio, los crímenes de guerra, la depuración étnica y los crímenes de lesa humanidad…”. Hay, pues, un deber ético.

La Asamblea General debería discutir el informe del CED en su próxima sesión, que inició en septiembre de este año. Muchas organizaciones de la sociedad civil y colectivos de víctimas ven en este procedimiento una oportunidad para crear un mecanismo de prevención de las desapariciones, de localización de las víctimas y de búsqueda de la verdad y de la justicia, consultado con las víctimas y con supervisión internacional.

Esperamos que la actitud cambie, pero llama poderosamente la atención el rechazo del gobierno mexicano al informe y a las propuestas del CED porque, contra toda lógica, pareciera proteger el estado actual de las cosas. Falta mucho por saber qué se esconde detrás de las desapariciones.