Si fue omisión por comisión, grave; pero si fue simulación simplemente irá a la cárcel.
La titular de OLPE Veracruz, Marisol Delgadillo tendría que rendir cuentas ante la Fiscalía General de la República para explicar en cuales y cuantos bolsillos quedaron los 34,103.36 pesos, cantidad que pudiera escalar hasta los 484 millones de pesos, ante el alud de sospechosa información en poder de la Auditoría Superior de la Federación.
Todo en el marco del proceso electoral 2027 en marcha salpicado por la duda, la ausencia de credibilidad y el malestar manifiesto y justificable de los partidos políticos opositores que ven en el horizonte como asoma una elección de estado.
¿Qué va a pasar con la elección de 2027 para la renovación de las diputaciones federales y estatal ante un OPLE sin credibilidad?
Es una crisis -político financiera- en donde persiste en el imaginario colectivo el fraude cometido en 2024 que llevó a la gubernatura de manera no solo sorpresiva, sino aplastante a Roció Nahle quien si bien guarda sospechoso silencio, desliza una encuesta que la coloca como una de las mejores gobernadoras de la república, acotación que ni en Zacatecas se tragan.
En las últimas ediciones de este espacio hemos reseñado la intención manifiesta del titular de la ASF, este sí veracruzano Aureliano Hernández Palacios en llegar hasta las últimas consecuencias en las auditorías que realizan al INE a un puñado de OPLE, entre ellos de manera destacada el organismo electoral veracruzano.
Ya desde la gestión de José Alejandro Bonilla, quien ocupó el cargo de 2015 a 2022, el organismo estuvo bajo sospecha al revelarse que OPLE Veracruz dio contratos por 300 millones a empresas favoritas de Taddei.
El asunto no escaló a mayores ya que la transición de los gobernadores de Miguel Ángel Yunes al atarantado Cuitláhuac García ocupó mas el tema electoral que el financiero.
Bastó, sin embargo, que la nueva administración electoral, con Marisol al frente, entrara para que se plagara de gente enviada de INE, proveedores incluidos, desatando una serie de sospechas hoy convertidas en evidencias tras la salida de Guadalupe Taddei y las revelaciones de su noviecito.
No de en balde el pronunciamiento de Hernández Palacios quien comentó a este reportero el pasado viernes en la sede del Congreso nacional donde presentó su segundo informe de labores, que “Veracruz me llama la atención mas por ser veracruzano por los las irregularidades en el manejo de los dineros públicos”.
En tanto para el diputado Javier Herrera Borunda, Presidente de la Comisión de Vigilancia del Congreso de la Unión, “El dinero público debe ser vigilado con rigor y la rendición de cuentas debe ser cada vez más efectiva”.
Así, con tan severas admoniciones sobre sus espaldas, Marisol está contra la pared.
Ello, sobre todo, luego de sus desafortunadas afirmaciones en el sentido de que la proveedora “Cajas Graf” no fue contratada por ella y que “Lithos Formas S. A. de CV cumplió con honestidad (las dos empresas son la misma), y que ningún integrante del Consejo General es investigado.
¿Y el pillo de Luis Fernando Reyes Rocha, secretario ejecutivo del organismo desde enero de 2023 señalado por MC como apoderado legal de Cajas Graf?
Reveladores vídeos dan cuenta de una charla de un empresario con Guadalupe Taddei donde el susodicho empresario habla de Veracruz y de cómo manejan a los funcionarios que incluyen al OPLE.
Luis Fernando Reyes Rocha es señalado de ser el apoderado legal de la empresa “Cajas Graff SA de CV” lo cual negó y supuestamente denunció .ya que no hay carpeta que lo compruebe- el hecho ante la Fiscalía General de la República (FGR) por “robo de identidad”.
Ello dio lugar a que la ASF iniciara una investigación al OPLE en Veracruz, en donde en breve se darán a conocer los resultados que incluyen la revisión de “todas las compras” en material electoral ya que se presume “sobreprecio”.
Marisol, sin embargo, insiste en que las cuentas públicas de 2023 y 2024 realizadas por ORFIS y ASF no arrojaron observaciones financieras, y que “no hay pendientes”.
¡Uff!
Va a estar complicado cuando se tenga que tragar sus palabras.
“Los hechos no dejan de existir porque se les ignore”. – Aldous Huxley.
Hay quienes necesitan que a Veracruz le vaya mal para sentir que a ellos les puede ir bien. Construyeron su estrategia sobre el fracaso de Rocío Nahle García y ahora enfrentan un inconveniente: algunos indicadores comienzan a contradecir el desastre que anuncian con puntualidad de reloj.
La crítica es indispensable. Una gobernadora administra recursos públicos, ejerce poder y debe responder por sus decisiones. Pero entre investigar una irregularidad y convertir cualquier acontecimiento en prueba de una catástrofe existe una distancia que ciertos adversarios recorren sin el menor pudor.
El libreto es reconocible: descalificar, amplificar sospechas y presentar como conclusión lo que apenas es insinuación. Si hay dificultades, se atribuyen enteramente al gobierno; si aparecen resultados favorables, se minimizan o se cambia de tema. Con semejante método, cualquier administración resulta culpable antes de comenzar el interrogatorio.
Esta semana, sin embargo, los números introdujeron una conversación distinta.
La gráfica de El Economista, elaborada con información del Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal del INEGI, ubica a Veracruz con un crecimiento anual desestacionalizado de 5.1% durante el segundo trimestre de 2026. Entre las entidades con mayores avances aparece detrás de Hidalgo, con 8.5%, y Colima, con 5.8%.
Es decir: “tercer lugar en crecimiento anual”, según esa comparación. El segundo lugar trimestral referido en la información difundida sobre Veracruz corresponde a otra medición. Precisarlo fortalece el argumento: los datos favorables no necesitan maquillaje.
Mientras 24 entidades registraron crecimiento anual, ocho retrocedieron. Entre estas últimas figuran Morelos, con una caída de 5.8%; Quintana Roo, de 3.7%, y Campeche, de 2.4%. Veracruz se encuentra del lado del avance, con una expansión superior a la de Sinaloa, Tamaulipas, Yucatán y el Estado de México.
Eso no significa que la prosperidad haya llegado a todos los hogares. Significa algo concreto: la actividad económica estatal está creciendo y merece una explicación más seria que el desprecio automático.
En el plano nacional, las cifras compartidas sobre el anuncio de la presidenta Claudia Sheinbaum señalan un incremento del PIB de 0.9% trimestral y 3.2% anual en el tercer trimestre de 2026. Son periodos e indicadores distintos de los estatales; deben leerse por separado. Ambos, sin embargo, obligan a discutir la economía con algo más que consignas.
Sería exagerado adjudicar cada punto de crecimiento exclusivamente a Nahle. Intervienen trabajadores, empresas, inversión privada, gasto federal y condiciones sectoriales. Pero también sería tramposo negar de antemano cualquier contribución de su administración.
La capacidad de gestionar infraestructura, facilitar inversiones, resolver obstáculos y coordinar proyectos forma parte del trabajo gubernamental. La apuesta por convertir a Veracruz en un polo de desarrollo tendrá que juzgarse por sus resultados sostenidos. Estos indicadores ofrecen una señal favorable, aunque todavía no constituyen una obra terminada.
El otro dato que incomoda procede de “Arias Consultores”. Su estudio de octubre coloca a Veracruz en el segundo lugar nacional por el porcentaje de participantes que consideran que su gobernadora “no es corrupta”: 43.5%, solamente detrás de Querétaro, con 55.9%.
La referencia nacional para esa respuesta es 20.5%. Veracruz la supera por 23 puntos porcentuales y registra más del doble.
Ahora bien, una columna que exige rigor también debe aplicárselo: el mismo estudio reporta que 43.1% considera que la mandataria es corrupta y 13.4% se muestra indiferente. Existe prácticamente un empate entre las dos percepciones. El segundo lugar comparativo es relevante, pero no equivale a una mayoría absoluta favorable ni a una medición de aprobación general.
El ejercicio reunió 6,822 respuestas nacionales mediante publicidad en Facebook, del 10 al 15 de octubre. Su alcance corresponde a ese método de captación; el margen de error nacional declarado no debe trasladarse automáticamente a Veracruz.
Con esas precisiones, el hallazgo conserva peso político: dentro del estudio, Nahle ocupa una posición favorable frente a sus pares. La narrativa de una gobernadora universalmente desacreditada no encuentra respaldo en esos resultados.
¿Explica eso la intensidad de los ataques? Es una interpretación política razonable: cuando un adversario conserva competitividad y presenta avances, aumenta el incentivo para desgastarlo. Demostrar una campaña coordinada, sin embargo, exige documentar vínculos, instrucciones o financiamiento.
Lo mismo ocurre con la sospecha de que ciertos medios nacionales endurecieron su cobertura por no recibir contratos. Esa hipótesis debe contrastarse con convenios, montos y antecedentes. No contratar publicidad tampoco vuelve falsa una investigación. Pero ostentarse como medio nacional no convierte una acusación sin pruebas en periodismo.
La independencia se demuestra investigando con el mismo rigor a quien paga y a quien no paga.
También resulta endeble utilizar una controversia del INE para insinuar, por asociación, que hubo fraude contra José Francisco Yunes Zorrilla en Veracruz. Una acusación electoral requiere pruebas del proceso concreto. Ningún escándalo posterior sustituye actas, expedientes o resoluciones.
La derrota no se corrige inventando una explicación a la medida del derrotado.
Nahle tiene obligaciones pendientes y sus críticos tienen derecho a señalarlas. Lo que empieza a perder viabilidad es la pretensión de describir un Veracruz donde nada avanza, nada sirve y todo está perdido.
El crecimiento deberá convertirse en empleo, mejores ingresos y bienestar. Ahí se jugará la evaluación definitiva del gobierno.
Mientras tanto, a quienes apostaron políticamente al fracaso les apareció un adversario incómodo: una cifra que no pueden descalificar solamente levantando la voz.
Al tiempo.
Los números les estorban.
Por: Ramirez Baqueiro Astrolabio Politico
Astrolabio Político // Luis Ramírez Baqueiro
“Los hechos no dejan de existir porque se les ignore”. – Aldous Huxley.
Hay quienes necesitan que a Veracruz le vaya mal para sentir que a ellos les puede ir bien. Construyeron su estrategia sobre el fracaso de Rocío Nahle García y ahora enfrentan un inconveniente: algunos indicadores comienzan a contradecir el desastre que anuncian con puntualidad de reloj.
La crítica es indispensable. Una gobernadora administra recursos públicos, ejerce poder y debe responder por sus decisiones. Pero entre investigar una irregularidad y convertir cualquier acontecimiento en prueba de una catástrofe existe una distancia que ciertos adversarios recorren sin el menor pudor.
El libreto es reconocible: descalificar, amplificar sospechas y presentar como conclusión lo que apenas es insinuación. Si hay dificultades, se atribuyen enteramente al gobierno; si aparecen resultados favorables, se minimizan o se cambia de tema. Con semejante método, cualquier administración resulta culpable antes de comenzar el interrogatorio.
Esta semana, sin embargo, los números introdujeron una conversación distinta.
La gráfica de El Economista, elaborada con información del Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal del INEGI, ubica a Veracruz con un crecimiento anual desestacionalizado de 5.1% durante el segundo trimestre de 2026. Entre las entidades con mayores avances aparece detrás de Hidalgo, con 8.5%, y Colima, con 5.8%.
Es decir: “tercer lugar en crecimiento anual”, según esa comparación. El segundo lugar trimestral referido en la información difundida sobre Veracruz corresponde a otra medición. Precisarlo fortalece el argumento: los datos favorables no necesitan maquillaje.
Mientras 24 entidades registraron crecimiento anual, ocho retrocedieron. Entre estas últimas figuran Morelos, con una caída de 5.8%; Quintana Roo, de 3.7%, y Campeche, de 2.4%. Veracruz se encuentra del lado del avance, con una expansión superior a la de Sinaloa, Tamaulipas, Yucatán y el Estado de México.
Eso no significa que la prosperidad haya llegado a todos los hogares. Significa algo concreto: la actividad económica estatal está creciendo y merece una explicación más seria que el desprecio automático.
En el plano nacional, las cifras compartidas sobre el anuncio de la presidenta Claudia Sheinbaum señalan un incremento del PIB de 0.9% trimestral y 3.2% anual en el tercer trimestre de 2026. Son periodos e indicadores distintos de los estatales; deben leerse por separado. Ambos, sin embargo, obligan a discutir la economía con algo más que consignas.
Sería exagerado adjudicar cada punto de crecimiento exclusivamente a Nahle. Intervienen trabajadores, empresas, inversión privada, gasto federal y condiciones sectoriales. Pero también sería tramposo negar de antemano cualquier contribución de su administración.
La capacidad de gestionar infraestructura, facilitar inversiones, resolver obstáculos y coordinar proyectos forma parte del trabajo gubernamental. La apuesta por convertir a Veracruz en un polo de desarrollo tendrá que juzgarse por sus resultados sostenidos. Estos indicadores ofrecen una señal favorable, aunque todavía no constituyen una obra terminada.
El otro dato que incomoda procede de “Arias Consultores”. Su estudio de octubre coloca a Veracruz en el segundo lugar nacional por el porcentaje de participantes que consideran que su gobernadora “no es corrupta”: 43.5%, solamente detrás de Querétaro, con 55.9%.
La referencia nacional para esa respuesta es 20.5%. Veracruz la supera por 23 puntos porcentuales y registra más del doble.
Ahora bien, una columna que exige rigor también debe aplicárselo: el mismo estudio reporta que 43.1% considera que la mandataria es corrupta y 13.4% se muestra indiferente. Existe prácticamente un empate entre las dos percepciones. El segundo lugar comparativo es relevante, pero no equivale a una mayoría absoluta favorable ni a una medición de aprobación general.
El ejercicio reunió 6,822 respuestas nacionales mediante publicidad en Facebook, del 10 al 15 de octubre. Su alcance corresponde a ese método de captación; el margen de error nacional declarado no debe trasladarse automáticamente a Veracruz.
Con esas precisiones, el hallazgo conserva peso político: dentro del estudio, Nahle ocupa una posición favorable frente a sus pares. La narrativa de una gobernadora universalmente desacreditada no encuentra respaldo en esos resultados.
¿Explica eso la intensidad de los ataques? Es una interpretación política razonable: cuando un adversario conserva competitividad y presenta avances, aumenta el incentivo para desgastarlo. Demostrar una campaña coordinada, sin embargo, exige documentar vínculos, instrucciones o financiamiento.
Lo mismo ocurre con la sospecha de que ciertos medios nacionales endurecieron su cobertura por no recibir contratos. Esa hipótesis debe contrastarse con convenios, montos y antecedentes. No contratar publicidad tampoco vuelve falsa una investigación. Pero ostentarse como medio nacional no convierte una acusación sin pruebas en periodismo.
La independencia se demuestra investigando con el mismo rigor a quien paga y a quien no paga.
También resulta endeble utilizar una controversia del INE para insinuar, por asociación, que hubo fraude contra José Francisco Yunes Zorrilla en Veracruz. Una acusación electoral requiere pruebas del proceso concreto. Ningún escándalo posterior sustituye actas, expedientes o resoluciones.
La derrota no se corrige inventando una explicación a la medida del derrotado.
Nahle tiene obligaciones pendientes y sus críticos tienen derecho a señalarlas. Lo que empieza a perder viabilidad es la pretensión de describir un Veracruz donde nada avanza, nada sirve y todo está perdido.
El crecimiento deberá convertirse en empleo, mejores ingresos y bienestar. Ahí se jugará la evaluación definitiva del gobierno.
Mientras tanto, a quienes apostaron políticamente al fracaso les apareció un adversario incómodo: una cifra que no pueden descalificar solamente levantando la voz.