Migrantes, rehenes del crimen


Punto de Vista  Filiberto Vargas Rodríguez
Prefacio.
Hay quienes se sorprenden de la cercanía que -ahora es más evidente- tiene el político xalapeño Cuauhtémoc Velázquez con la presidente electa de México, Claudia Sheinbaum. *** Quizá no sepan que Cuauhtémoc Velázquez es hijo de un reconocido científico, Cuauhtémoc Velázquez Licea, quien fue director de la facultad de Biología de la Universidad Veracruzana (UV) y fue quien construyó juntos con la entonces directora Annie Pardo Cemo, bióloga molecular de la UNAM y madre de Claudia Sheinbaum Pardo, las Olimpiadas Nacionales de la Ciencia. *** El hijo de ese catedrático de la UV, Cuauhtémoc Velázquez Martínez, creció en los pasillos de la UV y de la UNAM al cobijo de aquella familia y desde hace mucho tiempo “se la jugó” con Claudia Sheinbaum, por ese cariño que nació de crecer en la casa de su madre. *** Hoy el nombre de Cuauhtémoc Velázquez suena fuerte entre quienes pretenden anticiparse a los anuncios oficiales. Nadie tiene claro dónde, pero son muchos los que ubican al político xalapeño en una posición relevante del próximo gobierno federal. *** Estamos claros de que cualquier cargo que ocupe, por modesto que parezca, habrá de honrarlo con un desempeño profesional y destacado, justo lo que aprendió de aquellas relevantes figuras de la ciencia.
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En su Informe Especial sobre el estado que guarda el tráfico y el secuestro en perjuicio de personas migrantes en México, entre 2011 y 2020, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) documentó que el 67% del secuestro de migrantes ocurre en los estados de Chiapas, Nuevo León, Tabasco, Veracruz y Tamaulipas.
En el reporte “Crimen organizado y migración centroamericana en México” realizado por el Centro Strauss de la Universidad de Texas en Austin, en su paso por territorio mexicano, los migrantes deben enfrentar tres tipos de actores criminales: delincuentes locales, pandillas, y organizaciones criminales transnacionales.
Los primeros y segundos suelen asaltarles, robarles o agredirlos sexualmente, mientras que organizaciones criminales no sólo les cobran por permitirles el paso, sino que además los secuestran.
Lo que las autoridades estatales presumían que no sucedía en Veracruz, ya se empieza a manifestar.
Un grupo de la delincuencia organizada reaccionó con bloqueos carreteros en los municipios de Tierra Blanca y Tres Valles luego de que un operativo policíaco permitió el rescate de 8 migrantes y la captura de cinco presuntos secuestradores.
La tarde del pasado viernes, elementos de la Unidad Especializada en el Combate al Secuestro (UECS) se enfrentaron con una célula de la delincuencia organizada, que tenía secuestrados a ocho migrantes en una casa de seguridad de Tierra Blanca.
Luego del operativo, miembros de ese grupo delictivo realizaron bloqueos carreteros en los municipios de Tres Valles y Tierra Blanca y despojaron de sus vehículos a varios conductores.
Un bloqueo fue reportado en la carretera federal 145, en el tramo carretero que comprende las localidades de Progreso y La Granja del municipio de Tres Valles. Otro ocurrió a la altura de la Vidriera, del municipio de Tierra Blanca, donde no solo bloquearon las carreteras, sino que también poncharon las llantas de los vehículos.
La cifra exacta de migrantes que han sido víctimas de secuestro en México es incierta, debido a que representa el delito perfecto: son extranjeros en condición irregular que tienen miedo de denunciar, a lo que se añade la colusión de autoridades con el crimen organizado.
Entre 2011 y el 2020, la CNDH estimó que 70 mil migrantes fueron víctimas de tráfico y secuestro en su paso por México.
Tan solo en 2022, el Instituto Nacional de Migración (INM) identificó 444 mil 439 personas en situación irregular en México.
“El secuestro es el delito más lucrativo que se comete y es realizado sobre todo por organizaciones criminales transnacionales. Gracias al secuestro, los grupos del crimen organizado pueden ganar unos 5 mil165 dólares por migrante (90 mil pesos) y hasta 20.5 millones de dólares al año”, refiere un informe de la Universidad de Texas en Austin.
El problema está ahí, pero las autoridades prefieren voltear hacia otro lado.
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Epílogo.
Con la proximidad del relevo en el gobierno estatal, muchos han sido los “trascendidos” sobre eventuales relevos en organismos que nada tienen que ver con el Poder Ejecutivo, pero cuyos ajustes se anticipan para responder a los “tiempos políticos”. *** Ese es el caso del Tribunal Superior de Justicia, cuya presidencia, siguiendo los formulismos políticos, debería cambiar de mano a partir de la partida de Cuitláhuac García. *** Son varios los magistrados que están levantando la mano para sustituir a Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, algunos -incluso- que compitieron con ella por ocupar ese cargo allá por diciembre del 2022. *** Es el caso del magistrado Esteban Martínez Vázquez, a quien difícilmente la favorecerá la elección en el próximo relevo, pues en la oficina donde se toman esas decisiones están enterados de sus acercamientos con actores políticos del Partido Acción Nacional (PAN) para conseguir esa promoción, ya que anticipaba que a Morena le iría mal en el proceso electoral que está concluyendo. *** Esos sospechosos vínculos y el expediente que se integró con las quejas que han surgido en su contra en el norte de la entidad, hacen inviable su llegada a la titularidad del Poder Judicial de Veracruz.
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