Albergues batallan con efecto Trump; «estamos con mucha gente varada»
Activistas subrayan la necesidad de que las autoridades apoyen a organizaciones dedicadas a la atención de migrantes en albergues de la CDMX, en especial ante la posibilidad de estancias más largas.
Jorge se quedó a sólo 11 días de poder cruzar la frontera de Estados Unidos para solicitar asilo en ese país. El 31 de enero tenía programada su cita en Brownsville, Texas, donde esperaba recibir un permiso de trabajo para poder migrar de forma legal.
Sin embargo, cuando veía desde su celular la toma de protesta del presidente de EU, Donald Trump, el 20 de enero, otros migrantes con los que comparte espacio en un albergue de la Ciudad de México le avisaron que se habían cancelado las citas tramitadas a través de la aplicación CBP One.
De la noche a la mañana, el hombre de 50 años de edad y de nacionalidad ecuatoriana quedó varado en México, al igual miles de migrantes en tránsito, ante las políticas de Trump.
“Fue como un balde de agua fría porque no nos esperábamos esa respuesta hacia los inmigrantes, nosotros estábamos confiados que con nuestra cita ya entrábamos”, cuenta Jorge, quien desde hace siete meses vive en Casa Tochan, un albergue para migrantes ubicado en la alcaldía Álvaro Obregón de la CDMX.
La intempestiva cancelación de CBP One no sólo trajo consigo frustración entre las personas que ya tenían una cita programada, sino también ha agudizado el fenómeno de migrantes en territorio mexicano.
En la frontera norte y otras ciudades -como la CDMX- las personas en tránsito están sin una idea clara de lo que van a hacer. Sus opciones son tres: intentar cruzar ilegalmente a Estados Unidos, quedarse a trabajar en México o regresar a sus países de origen. El dinero es uno de sus principales obstáculos.
Por ello, activistas y especialistas en temas migratorios advierten que, en cualquier escenario, es necesario que las autoridades locales y federales diseñen planes integrales para atender este fenómeno y apoyen a las organizaciones civiles y albergues que dan techo y alimento a migrantes.
“En eso estamos, con mucha gente varada que tiene que rehacer su plan, con algunos que piensan que pueden regresar a su país y otros pensando en buscar otra opción de acuerdo también a la nacionalidad”.
Gabriela Hernández, directora de Casa Tochán.
“Esas personas que ya tenían el boleto comprado perdieron el dinero porque el boleto que ellos tienen que comprar es el más económico y es el que tienen menos oportunidades de que se los devuelvan. Esas son razones para que necesiten más el albergue otra vez porque se tienen que reponer económicamente y luego lo principal, ver qué paso dar», agrega.
En su caso, Jorge decidió salir de su país ante la falta de oportunidades laborales y la violencia generada por grupos del crimen organizado dedicados al tráfico de drogas, en especial cocaína.
“Una (razón) es la delincuencia, todo lo malo que está pasando en este momento, aunque diga el gobierno que no está pasando. Otra es mi edad, tengo 50 años y en mi país con 50 años ya no hay trabajo para mí”, señala.
El ecuatoriano se mantiene optimista, pero reconoce que no tiene un plan después de la cancelación del CBP One; por lo pronto, seguirá viviendo en albergue capitalino, donde se brinda a sus «huéspedes» atención psicológica, médica y jurídica, además de talleres.
A veces pienso, si me hubiera ido de largo ya estuviera allá, pero a mí siempre, toda la vida me enseñaron que hay que hacer todo legal. (Voy a) esperar aquí en México un tiempo más para ver qué es lo que determina el presidente Trump, si va a poner otra opción”.
Migrantes varados… y albergues sin ayuda
Gabriela Hernández recuerda que, ante las medidas y restricciones anunciadas por Trump, los migrantes en tránsito no han tenido otra opción que quedarse en México, lo que ha provocado que su estancia en campamentos o albergues, como Casa Tochan, se extienda indefinidamente.
“Las personas que están aquí como migrantes no salen porque quieran, no salen sólo a buscar el sueño americano porque ni lo es; salen por medidas de seguridad, salen por las situaciones de sus países y obviamente piensan en Estados Unidos”, explica Hernández en entrevista.
Casa Tochán cuenta con 50 camas, no obstante, desde 2021 se mantiene por encima de su capacidad, tan sólo en diciembre daba cabida a alrededor de 100 personas y actualmente en el espacio habitan alrededor de 68 migrantes.
Hacen falta albergues, hace falta que nos presten ayuda porque la sociedad civil se ha organizado y ha ayudado al Estado a realizar el trabajo que el Estado estaba obligado a realizar».
Gabriela Hernández, directora de Casa Tochán.
“Las respuestas entonces de las autoridades eran: ‘¿para qué, si van de paso?’. Van de paso, pero están cinco, seis meses, hasta un año, no es tan de paso. El hecho de que hoy las autoridades, la jefa de Gobierno, nos haya reconocido la experiencia que tenemos al tratar el tema y nos haya dicho concretamente ‘ayúdenme’, ya es una gran apertura”.
La directora de Casa Tochan afirma que se han acercado a través de la Secretaría de Gobierno capitalina para ofrecerles un espacio en comodato para que tengan una mayor capacidad de atención a migrantes, sin embargo, rechazó esa opción por carecer de recursos humanos y económicos.
En el albergue ciudadano, que se mantiene gracias a donaciones de ciudadanos e instituciones educativas, sólo cinco personas reciben un sueldo, el resto de quienes ahí trabajan lo hacen de forma voluntaria o son estudiantes que realizan trabajo social.
“No tenemos capacidad económica para tener un nuevo equipo, recursos económicos creo que ni el gobierno con tantos recortes que le hacen, tiene. Nosotros tenemos toda la disposición para apoyar al gobierno de la ciudad en la medida que ellos puedan”, indica la activista.
Ante la posibilidad de que algunos migrantes decidan quedarse en México al ver truncado su deseo de llegar a Estados Unidos, Hernández también considera necesario un diálogo con el gobierno federal para ampliar el periodo de 30 días que tienen las personas en tránsito para solicitar refugio.
“La gente que está en la Ciudad de México, toda, tiene más del tiempo estipulado. Si nos vamos a guiar por lo que dice la ley, a todos los van a rechazar. Vamos a seguir siendo la policía migratoria de Estados Unidos y eso es lamentable porque eso pasó en el sexenio pasado”, sentencia la activista.
El plan de la CDMX
La jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció que serán reubicados a espacios más adecuados los migrantes -más de 3,000- que viven en campamentos improvisados en las calles de la capital.
“A más tardar en tres meses las personas en situación de movilidad o que están ocupando la vía pública –que son más de 3,000 personas– podrán contar con espacios dignos establecidos por el Gobierno de la ciudad, con espacios que puedan ofrecer los grupos de la sociedad civil y con los lugares que podamos generar”, dijo la mandataria el 18 de diciembre de 2024.
Conoce más:
Según los datos recabados por el gobierno capitalino, entre 3,000 y 4,000 migrantes permanecen en campamentos de Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza, aunque esas cifras varían diariamente debido al constante flujo migratorio.
Los migrantes que viven en calles de la ciudad se ubican principalmente en tres campamentos: Plaza la Soledad, en Venustiano Carranza, así como las vías de la colonia Vallejo y el camellón de Eje Central Lázaro Cárdenas, frente a la Central de Autobuses del Norte, ambos en la alcaldía Gustavo A. Madero.
El plan de la CDMX es garantizar condiciones dignas para las personas migrantes, como acceso a seguridad, agua y alimentos, evitando que vivan en las calles. Para ello, el gobierno busca trasladar a esta población a 13 albergues que serán administrados por organizaciones de la sociedad civil y el propio gobierno, a fin de que reciban una mejor atención.
No obstante, el Gobierno capitalino ha tenido dificultades en el pasado para responder a la necesidad de alojamiento para las personas migrantes que transitan por la ciudad. En mayo de 2023 fue cerrado el albergue migrante instalado en el Bosque de Tláhuac por sobrecupo, pues si bien contaba con espacio para atender a 180 personas, llegó a alojar a 4,000.
Después de una baja en el flujo de personas registrado en 2020 ante la pandemia de COVID, la cantidad de migrantes en la Ciudad de México se ha incrementado cada año, revelan datos de la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas.
Urgen a colaborar con ONG´s
José María Ramos, investigador del Colegio de la Frontera Norte (Colef), sostiene que las autoridades deben colaborar con las organizaciones de la sociedad civil para atender a las y los migrantes en la Ciudad de México, en especial ante la posibilidad de estancias más largas o incluso que opten por quedarse en territorio mexicano.
“Es relevante que exista la debida coordinación institucional, incluso con organismos de la sociedad civil quienes son tradicionalmente quienes los han recibido y les han apoyado”, considera.
El especialista apunta a que las necesidades de las personas migrantes van más allá de tener un espacio para dormir y alimentos.
“¿Se van a generar mecanismos de apoyo educativo, de atención médica o programas de apoyo social? La falta de un estatus migratorio puede afectar el acceso a atención médica y educación. Puede implicar desafíos relacionados con la estigmatización y la discriminación; el otro tema central es que pueden existir barreras lingüísticas o culturales con lo que las personas que han vivido en otros países pueden tener dificultades para reintegrarse”, apunta Ramos.
Por ley, las autoridades de la ciudad tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las personas migrantes.
“El Gobierno de la Ciudad de México, en coordinación con las alcaldías, instrumentará políticas de acogida a favor de las personas migrantes, así como de aquéllas que busquen y reciban asilo y protección internacional en México”, indica el Artículo 20 de la Constitución de la Ciudad de México.
· La educación, la salud y la infraestructura son los más afectados
· En lugar de mejorar la infraestructura educativa, muchos proyectos quedaron inconclusos
· Se asignaron fondos para la compra de medicamentos que nunca llegaron a los hospitales
Veracruz, uno de los estados más importantes de México, ha estado en el ojo del huracán por diversas razones. Desde problemas de corrupción hasta la falta de infraestructura básica, las quejas son muchas. La ASF tiene la tarea de evaluar la utilización de los recursos federales en las entidades. Esto no solo incluye la cantidad de dinero recibido, sino también cómo se gasta.
Principales Resultados de las Auditorías
Las auditorías de la ASF en Veracruz han revelado hallazgos alarmantes. En los últimos informes, se identificaron irregularidades en varios sectores. La educación, la salud y la infraestructura son los más afectados.
1. Educación
Las auditorías indicaron que, en el sector educativo, se encontraron desviaciones en la entrega de recursos. Se reportó que muchos de los fondos destinados a la construcción de escuelas no llegaron a su destino. En lugar de mejorar la infraestructura educativa, muchos proyectos quedaron inconclusos. Esto afecta directamente a los estudiantes, quienes merecen un entorno adecuado para su aprendizaje.
2. Salud
En el área de salud, la situación no es mejor. La ASF encontró que se habían utilizado recursos de manera ineficiente. Por ejemplo, se asignaron fondos para la compra de medicamentos que nunca llegaron a los hospitales. Esto no solo es una falta de responsabilidad, sino también un delito que pone en riesgo la vida de miles de veracruzanos.
3. Infraestructura
La infraestructura en Veracruz ha sido otro tema recurrente en las auditorías. Se han detectado irregularidades en la construcción de obras públicas. Muchas de estas obras presentan deficiencias graves, lo que plantea serias preguntas sobre la calidad del trabajo realizado. Además, los costos de estas obras a menudo superan los presupuestos iniciales, lo que sugiere una mala gestión de los recursos.
Causas de las Irregularidades
Las causas de estas irregularidades son complejas. En primer lugar, la falta de supervisión y control en la administración pública es evidente. La falta de un sistema robusto de rendición de cuentas permite que se cometan estas irregularidades sin consecuencias.
Además, la corrupción es un factor que no se puede ignorar. Muchos funcionarios se ven tentados a desviar recursos para beneficio personal. Este ciclo vicioso de corrupción no solo afecta la confianza en las instituciones, sino que también perpetúa la pobreza y la desigualdad en el estado.
Las reacciones de las autoridades estatales ante estos informes han sido diversas. En ocasiones, se ha prometido una mayor transparencia y rendición de cuentas. Sin embargo, las acciones concretas son escasas. La ciudadanía exige respuestas y, hasta ahora, no ha obtenido las garantías necesarias para confiar en que se tomarán medidas efectivas.
El gobierno estatal ha declarado su intención de colaborar con la ASF. Sin embargo, muchos veracruzanos siguen escépticos. La historia reciente de corrupción y mala gestión alimenta este escepticismo.
Es fundamental escuchar a la ciudadanía. Los veracruzanos están cansados de promesas vacías. Exigen que se tomen acciones concretas para corregir las irregularidades detectadas. Esto incluye la implementación de mecanismos de vigilancia más eficaces y la participación activa de la sociedad civil en la supervisión del gasto público.
La educación, la salud y la infraestructura son derechos básicos. Cuando se vulneran, se está hipotecando el futuro de generaciones enteras. La voz de la ciudadanía debe ser un factor clave en la exigencia de rendición de cuentas.
Además, la participación ciudadana debe ser incentivada. Las comunidades deben tener acceso a la información sobre el uso de recursos y la posibilidad de opinar sobre proyectos que afectan sus vidas. La transparencia es clave para recuperar la confianza en las instituciones.
La creación de comités ciudadanos puede ser un paso positivo. Estos comités podrían supervisar proyectos de infraestructura y el uso de recursos en educación y salud. La participación activa de la ciudadanía es crucial para asegurar que los recursos se utilicen de manera eficiente y transparente.
Los resultados de las auditorías de la ASF en Veracruz son un llamado de atención. La corrupción y la mala gestión de los recursos deben ser erradicadas. La transparencia y la rendición de cuentas son pilares fundamentales para el desarrollo de cualquier sociedad.
Es hora de que las autoridades actúen con diligencia y responsabilidad. La ciudadanía debe ser parte fundamental de este proceso. Solo así se podrá garantizar un futuro mejor para Veracruz y sus habitantes. La lucha por la transparencia es una lucha por la dignidad y el bienestar de todos.
Resultados alarmantes de las auditorias
Por: Miguel Angel Cristiani Gonzalez
· La educación, la salud y la infraestructura son los más afectados
· En lugar de mejorar la infraestructura educativa, muchos proyectos quedaron inconclusos
· Se asignaron fondos para la compra de medicamentos que nunca llegaron a los hospitales
Veracruz, uno de los estados más importantes de México, ha estado en el ojo del huracán por diversas razones. Desde problemas de corrupción hasta la falta de infraestructura básica, las quejas son muchas. La ASF tiene la tarea de evaluar la utilización de los recursos federales en las entidades. Esto no solo incluye la cantidad de dinero recibido, sino también cómo se gasta.
Principales Resultados de las Auditorías
Las auditorías de la ASF en Veracruz han revelado hallazgos alarmantes. En los últimos informes, se identificaron irregularidades en varios sectores. La educación, la salud y la infraestructura son los más afectados.
1. Educación
Las auditorías indicaron que, en el sector educativo, se encontraron desviaciones en la entrega de recursos. Se reportó que muchos de los fondos destinados a la construcción de escuelas no llegaron a su destino. En lugar de mejorar la infraestructura educativa, muchos proyectos quedaron inconclusos. Esto afecta directamente a los estudiantes, quienes merecen un entorno adecuado para su aprendizaje.
2. Salud
En el área de salud, la situación no es mejor. La ASF encontró que se habían utilizado recursos de manera ineficiente. Por ejemplo, se asignaron fondos para la compra de medicamentos que nunca llegaron a los hospitales. Esto no solo es una falta de responsabilidad, sino también un delito que pone en riesgo la vida de miles de veracruzanos.
3. Infraestructura
La infraestructura en Veracruz ha sido otro tema recurrente en las auditorías. Se han detectado irregularidades en la construcción de obras públicas. Muchas de estas obras presentan deficiencias graves, lo que plantea serias preguntas sobre la calidad del trabajo realizado. Además, los costos de estas obras a menudo superan los presupuestos iniciales, lo que sugiere una mala gestión de los recursos.
Causas de las Irregularidades
Las causas de estas irregularidades son complejas. En primer lugar, la falta de supervisión y control en la administración pública es evidente. La falta de un sistema robusto de rendición de cuentas permite que se cometan estas irregularidades sin consecuencias.
Además, la corrupción es un factor que no se puede ignorar. Muchos funcionarios se ven tentados a desviar recursos para beneficio personal. Este ciclo vicioso de corrupción no solo afecta la confianza en las instituciones, sino que también perpetúa la pobreza y la desigualdad en el estado.
Las reacciones de las autoridades estatales ante estos informes han sido diversas. En ocasiones, se ha prometido una mayor transparencia y rendición de cuentas. Sin embargo, las acciones concretas son escasas. La ciudadanía exige respuestas y, hasta ahora, no ha obtenido las garantías necesarias para confiar en que se tomarán medidas efectivas.
El gobierno estatal ha declarado su intención de colaborar con la ASF. Sin embargo, muchos veracruzanos siguen escépticos. La historia reciente de corrupción y mala gestión alimenta este escepticismo.
Es fundamental escuchar a la ciudadanía. Los veracruzanos están cansados de promesas vacías. Exigen que se tomen acciones concretas para corregir las irregularidades detectadas. Esto incluye la implementación de mecanismos de vigilancia más eficaces y la participación activa de la sociedad civil en la supervisión del gasto público.
La educación, la salud y la infraestructura son derechos básicos. Cuando se vulneran, se está hipotecando el futuro de generaciones enteras. La voz de la ciudadanía debe ser un factor clave en la exigencia de rendición de cuentas.
Además, la participación ciudadana debe ser incentivada. Las comunidades deben tener acceso a la información sobre el uso de recursos y la posibilidad de opinar sobre proyectos que afectan sus vidas. La transparencia es clave para recuperar la confianza en las instituciones.
La creación de comités ciudadanos puede ser un paso positivo. Estos comités podrían supervisar proyectos de infraestructura y el uso de recursos en educación y salud. La participación activa de la ciudadanía es crucial para asegurar que los recursos se utilicen de manera eficiente y transparente.
Los resultados de las auditorías de la ASF en Veracruz son un llamado de atención. La corrupción y la mala gestión de los recursos deben ser erradicadas. La transparencia y la rendición de cuentas son pilares fundamentales para el desarrollo de cualquier sociedad.
Es hora de que las autoridades actúen con diligencia y responsabilidad. La ciudadanía debe ser parte fundamental de este proceso. Solo así se podrá garantizar un futuro mejor para Veracruz y sus habitantes. La lucha por la transparencia es una lucha por la dignidad y el bienestar de todos.
