El oligopolio lo componían Cajas Graf, propiedad de Hernández Casillas, Lithoformas y Gráficas Corona, que competían individualmente y el ganador del concurso repartía el negocio con las perdedoras. Se enfocaban principalmente en los OPLE, los Organismos Públicos Locales Electorales que nacieron con la reforma electoral de 2014 como instituciones autónomas encargadas de organizar elecciones locales en cada uno de los estados. Eventualmente hacían copartícipe de ese mecanismo a la empresa Formas Inteligentes, en un negocio que es muy cerrado y altamente lucrativo. Fuentes de la industria estiman que el mercado electoral y de papelería electoral tiene un valor superior a los dos mil millones de pesos.
En un artículo en la edición digital del lunes de El Universal, Javier Tejado reveló que la Unidad de Inteligencia Financiera y la Auditoría Superior de la Federación, encontraron múltiples contratos del Corporativo ZEG de los hermanos Hernández Casillas, con probables irregularidades: en el INE, por más de 245 millones de pesos, y en varios organismos electorales estatales como Campeche, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Veracruz y Nayarit, por un monto superior a los 313 millones de pesos.
Hasta dónde estaba al tanto Taddei de todo ello, o si fue copartícipe de las extorsiones, no se sabe. Y como en las investigaciones que están realizando las autoridades federales no figura, cuando menos por ahora, la Fiscalía General de la República, hay un blindaje legal escondido, pero infranqueable que la está manteniendo al margen de las pesquisas más delicadas. No obstante, si se procediera a investigar a partir de la información pública difundida por los medios, entre los presuntos delitos en los que Taddei pudo haber incurrido, de acuerdo con abogados especializados en materia electoral, está el uso ilícito de atribuciones y facultades, cohecho, peculado, ejercicio abusivo de funciones y, quizás, asociación delictuosa, tipificados todos en el Código Penal Federal.
A Hernández Casillas, por la evidencia pública, se le pueden acreditar los delitos de fraude, cohecho y tráfico de influencias. No es fácil, por su relación, que los casos del empresario y Taddei puedan verse por separado, aunque la presidenta trate de disociarlos. La cercanía entre ambos tenía tal nivel de confianza e intimidad que, de acuerdo con audios difundidos por TV Azteca, Hernández Casillas ordenaba a funcionarios del INE a quién debían asignar contratos y a qué horas, el día del cierre de la licitación, otorgárselos. Mangoneaba las adjudicaciones con prepotencia.
Hernández Casillas se manejaba con una enorme libertad dentro del INE, y su poder y control se lo había delegado Taddei. En su casa en el Pedregal, cuya remodelación total coincidió con la presidencia de su pareja, eran comunes las reuniones con pequeños grupos de personas que siempre llevaban escoltas, y no era extraño ver vehículos con rótulos del INE afuera de su residencia. Ahí, según un testigo que habló con la periodista Yohali Reséndiz, se palomeaban los nombramientos en el instituto y en los OPLE, en donde parecería que se están enfocando las principales investigaciones.
En este potaje, se necesita una investigación penal para deslindar las responsabilidades de Taddei en los presuntos delitos por los cuales pueden imputar también a Hernández Casillas. No está esa ruta en el ánimo de la presidenta Claudia Sheinbaum, que quiere llevar la conversación pública a un tema de misoginia, y que la probable corrupción comenzó durante la presidencia de Lorenzo Córdova, a quien pidió que también lo investigaran. Trata de repartir responsabilidades y eventuales culpas, mientras que intenta usar el tema del género para engañar. A Taddei no se le ha criticado por ser mujer, sino por sus actos, tan oscuros y sospechosos, que el martes se cancelaron todos los contratos otorgados bajo su gestión, a fin de revisarlos.
