Las razones detrás de la crisis del INE

El escándalo de presunta corrupción, colusión con proveedores y conflicto de interés que llevaron a la renuncia de la presidenta del INE, no son problema en sí, aislado del contexto, sino una derivación de la serie de actos deliberados que desplegó el oficialismo para debilitar y tomar el control de la autoridad electoral y que se inscriben en el plan de regresión autoritaria que el morenismo ha venido operando desde hace años.

En ese sentido, la crisis que hoy vive el INE es una consecuencia de dos decisiones que están en su origen:

Primero, la ruptura del arreglo fundacional del IFE/INE como un órgano confiable y técnicamente solvente para organizar y arbitrar elecciones creíbles, transparentes y legítimas, consistente en el consenso entre todas las fuerzas políticas en torno a las reglas que rigen los comicios, por un lado, y en quienes encabezan las autoridades electorales, por el otro.

Esa condición básica le permitía a los consejeros electorales saber que derivaban de un acuerdo basado en el consenso de todas las fuerzas políticas y no a alguna de ellas en particular a la que estaban constreñidos a deberle lealtad, lo que redundaba en su autonomía e independencia. Además, ese consenso era el modo básico de generar una confianza de entrada entre los partidos en la actuación del INE.

Ante el fracaso de sus intentos de reforma electoral (los planes A, B, C, y los que le siguieron), el morenismo optó por romper ese consenso de origen y capturar al Instituto mediante consejerías impuestas unilateralmente y con personas vinculadas políticamente que sirvieran de correas de transmisión de sus intereses.

Así, en 2023, al no contar entonces con los votos necesarios en la Cámara de Diputados para hacer los nombramientos de los cuatro cargos del INE que se renovaban, el morenismo optó por controlar al Comité de Selección para elaborar quintetas prácticamente copadas por personas afines y por recurrir al sorteo en vez del acuerdo. Con quintetas a modo la tómbola garantizaba consejerías a modo.

Más tarde, en 2026, fuertes de una mayoría calificada producto de una sobrerrepresentación indebida que el propio INE les había concedido, el oficialismo impuso a tres perfiles incondicionales tomando así el control total del órgano.

Romper la lógica del consenso generó, no solo dependencia política, sino el encubrimiento y protección del oficialismo para “sus” consejerías.

Y segundo, ante la incapacidad de la presidenta del INE para construir los consensos básicos con sus colegas que la ley le imponía para nombrar a los titulares de los órganos de dirección del Instituto, el TEPJF (controlado por Morena) le permitió, primero, designar encargados de despacho con total libertad para ocupar las vacantes sin límite de tiempo y, más tarde, el oficialismo modificó subrepticiamente la ley en el marco de la reforma judicial para permitirle a la presidencia del INE nombrar y remover libremente a todos los directores ejecutivos y titulares de unidades.

Con ello se rompió la colegialidad que estaba en la base del funcionamiento del Consejo General y eliminó la corresponsabilidad y contrapeso que supone toda instancia colectiva.

Sin la lógica del compromiso y responsabilidad de todos los partidos en el origen del cargo y sin los controles y contrapesos de la colegialidad, se generó el contexto de impunidad y concentración del poder que tuvo como consecuencia casi natural —aunada a la falta de ética e irresponsabilidad del personaje— la historia de abusos y presuntas corruptelas que hoy tienen sumido al INE en la peor —por mucho— crisis de su historia.

A pesar de los intentos que el oficialismo y su aparato de propaganda están haciendo para vender la idea de que el IFE/INE siempre fue corrupto y que por eso habían intentado sus reformas electorales, la verdad es que son su irresponsabilidad y anhelos autoritarios los que explican lo que hoy ocurre.