La presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó al expresidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, por no haber impedido que dos empresas concentraran durante años los contratos para fabricar materiales electorales y ampliar su presencia entre los organismos electorales estatales.
La mandataria retomó la investigación de fuentes abiertas presentada por Raquel Buenrostro, secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, sobre las empresas relacionadas con los hermanos José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas, que habrían obtenido contratos por 2 mil 740.3 millones de pesos entre 2015 y 2025.
De acuerdo con la investigación, los hermanos comenzaron su trayectoria en el Gobierno federal durante la administración de Carlos Salinas de Gortari, primero en el Registro Nacional de Población y después en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen). Ambos tuvieron vínculos laborales con Juan Carlos Padilla Aguilar, exfuncionario federal que posteriormente ocupó cargos en el Estado de México y que actualmente participa en el partido SOMOS.
Sheinbaum relacionó la expansión de estas compañías con la reforma electoral de 2014, que otorgó al Consejo General del INE la facultad de designar a las consejerías de los organismos electorales estatales. Recordó que Guadalupe Taddei fue nombrada consejera electoral de Sonora ese mismo año, cuando Córdova encabezaba el instituto.
Frente a los señalamientos del expresidente del INE de que las contrataciones correspondían a los organismos estatales, la presidenta respondió: “Él dice: ‘No, no fui yo, fueron los organismos electorales’. Sí, pero ¿quién nombró a esos consejeros electorales? Tú y todos los consejeros del INE del 2014 al 2023”. Por ello, insistió en que la revisión debe abarcar las distintas administraciones y no concentrarse únicamente en la gestión de Taddei: “Si vamos a analizar, vamos a analizar completa”.
Buenrostro señaló que las compañías presuntamente simulaban competir entre sí en licitaciones, pese a compartir socios, representantes legales, domicilios y teléfonos. También expuso que algunas no reportaban personal ni capacidad técnica y que habrían dispersado recursos mediante otras empresas, movimientos que presentan características de posibles operaciones de lavado de dinero.