Taddei y su contratista, fuera de México y perseguidos

Mario Maldonado

Articulo

Guadalupe Taddei y José Alfredo Hernández Casillas estarían fuera de México, pero localizados por el gabinete de seguridad. La información apunta a que la Fiscalía General de la República podría solicitar órdenes de aprehensión contra la expresidenta del INE y el empresario en cualquier momento. La expresidenta del INE estaría en Arizona y el contratista beneficiado en Argentina o en algún país de Sudamérica.

Este miércoles se reportó el bloqueo de cuentas de 40 personas y empresas ligadas a proveedores electorales, entre las que podrían estar las de Guadalupe Taddei, aunque Hacienda no reveló los nombres de los afectados. La intervención de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) introduce una presión distinta sobre quienes hicieron negocios con el instituto. De esta forma, el acceso al dinero queda restringido mientras avanzan las pesquisas sobre una red cuyos vínculos empresariales y políticos se extendieron por los organismos electorales de los estados.

Hacienda precisó que la medida comprende a 25 personas físicas y 15 empresas, incorporadas a la Lista de Personas Bloqueadas tras detectar operaciones financieras con elementos de riesgo. La UIF también presentó una denuncia ante la FGR para que investigue las posibles responsabilidades.

Para Taddei, el regreso a Sonora habría sido la primera escala. Nacida en Cananea, la exconsejera volvió a esa ciudad después de dejar el INE. De ahí se habría trasladado al condado de Cochise, Arizona, donde permanecería en una propiedad familiar.

Toda esta trama involucra al gobierno de su amigo y “padrino” Alfonso Durazo, cuya policía habría acompañado a Taddei en su resguardo, primero en el estado y luego en su salida hacia Estados Unidos.

Hernández Casillas habría tomado rumbo al sur. El empresario, vinculado con Cajas Graf y Corporativo Zeg, aparece en las grabaciones difundidas por Latinus hablando de ganancias de contratos frente a Taddei. Su cercanía con la familia también quedó expuesta en los reportajes sobre viajes y propiedades utilizadas por los hijos de la entonces presidenta del INE.

El contratista tenía inquietudes judiciales desde antes. Este miércoles se publicó que promovió un amparo el 9 de febrero, después de que presuntos agentes ministeriales lo buscaran en enero.