La Fiscalía Estatal de Veracruz reportó que durante febrero pasado se integraron en la entidad 6,122 carpetas de investigación por diversos delitos.
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública actualizó las cifras de incidencia delictiva y detalló que, en Veracruz, durante el segundo mes de 2025, se denunciaron 61 homicidios dolosos, 1 feminicidio, 3 secuestros y 1,328 robos.
El acumulado anual en la entidad —meses de enero y febrero— suma 115 homicidios dolosos, 2 feminicidios, 5 secuestros y 2,627 robos.
De acuerdo con las cifras oficiales, en Veracruz se denunciaron, en los primeros dos meses del año, 533 delitos contra la libertad y la seguridad sexual de las personas, incluidos 64 casos de violación.
Otro dato preocupante se relaciona con la violencia familiar: entre enero y febrero se reportaron casi 2,200 delitos contra la familia, de los cuales más de 1,600 corresponden a violencia familiar y cerca de 200 a incumplimiento de obligaciones.
En términos generales, sin embargo, no hay un delito cuya incidencia se haya disparado en los primeros meses de la actual administración. Las cifras en materia de seguridad pública se mantienen similares a las del año anterior, lo que podría considerarse normal, dado que el sexenio apenas comienza.
Debido a esta estabilidad en las cifras de incidencia delictiva, la percepción de seguridad en la entidad parece que va a la baja.
La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, con datos actualizados al cuarto trimestre de 2024, indica que en dos zonas metropolitanas de Veracruz —el Puerto y Coatzacoalcos— la percepción de inseguridad ha disminuido significativamente. En el primer caso, pasó de 60.7% a 51.1%, lo que representa una reducción de casi 10 puntos porcentuales; en el segundo, descendió de 77.9% a 68.3%.
De las tres ciudades evaluadas, solo Xalapa registró un aumento en la percepción de inseguridad, al pasar de 54.6% a 62.7%. Es decir, hoy más xalapeños consideran que vivir en su ciudad es inseguro. En pocas palabras, la percepción de inseguridad es mayor en la capital del estado que en el puerto de Veracruz.
Aun así, los niveles actuales de percepción de inseguridad en las principales zonas metropolitanas de Veracruz, donde se concentra un alto porcentaje de la población estatal, han mejorado en comparación con el pasado reciente.
En 2020, por ejemplo, la percepción de inseguridad en Coatzacoalcos era del 88.9%, una de las más altas del país. Hoy ese indicador se encuentra 20 puntos abajo.
Si bien Veracruz aún está lejos de los bajos niveles de percepción de inseguridad registrados en ciudades como Aguascalientes, San Pedro Garza García o Mérida, también se aleja cada vez más de los estados que han sido identificados como focos rojos en materia de seguridad, como algunas zonas de Guanajuato, Guerrero, Sinaloa o Tabasco.
“Los hechos no dejan de existir porque se les ignore”. – Aldous Huxley.
Hay quienes necesitan que a Veracruz le vaya mal para sentir que a ellos les puede ir bien. Construyeron su estrategia sobre el fracaso de Rocío Nahle García y ahora enfrentan un inconveniente: algunos indicadores comienzan a contradecir el desastre que anuncian con puntualidad de reloj.
La crítica es indispensable. Una gobernadora administra recursos públicos, ejerce poder y debe responder por sus decisiones. Pero entre investigar una irregularidad y convertir cualquier acontecimiento en prueba de una catástrofe existe una distancia que ciertos adversarios recorren sin el menor pudor.
El libreto es reconocible: descalificar, amplificar sospechas y presentar como conclusión lo que apenas es insinuación. Si hay dificultades, se atribuyen enteramente al gobierno; si aparecen resultados favorables, se minimizan o se cambia de tema. Con semejante método, cualquier administración resulta culpable antes de comenzar el interrogatorio.
Esta semana, sin embargo, los números introdujeron una conversación distinta.
La gráfica de El Economista, elaborada con información del Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal del INEGI, ubica a Veracruz con un crecimiento anual desestacionalizado de 5.1% durante el segundo trimestre de 2026. Entre las entidades con mayores avances aparece detrás de Hidalgo, con 8.5%, y Colima, con 5.8%.
Es decir: “tercer lugar en crecimiento anual”, según esa comparación. El segundo lugar trimestral referido en la información difundida sobre Veracruz corresponde a otra medición. Precisarlo fortalece el argumento: los datos favorables no necesitan maquillaje.
Mientras 24 entidades registraron crecimiento anual, ocho retrocedieron. Entre estas últimas figuran Morelos, con una caída de 5.8%; Quintana Roo, de 3.7%, y Campeche, de 2.4%. Veracruz se encuentra del lado del avance, con una expansión superior a la de Sinaloa, Tamaulipas, Yucatán y el Estado de México.
Eso no significa que la prosperidad haya llegado a todos los hogares. Significa algo concreto: la actividad económica estatal está creciendo y merece una explicación más seria que el desprecio automático.
En el plano nacional, las cifras compartidas sobre el anuncio de la presidenta Claudia Sheinbaum señalan un incremento del PIB de 0.9% trimestral y 3.2% anual en el tercer trimestre de 2026. Son periodos e indicadores distintos de los estatales; deben leerse por separado. Ambos, sin embargo, obligan a discutir la economía con algo más que consignas.
Sería exagerado adjudicar cada punto de crecimiento exclusivamente a Nahle. Intervienen trabajadores, empresas, inversión privada, gasto federal y condiciones sectoriales. Pero también sería tramposo negar de antemano cualquier contribución de su administración.
La capacidad de gestionar infraestructura, facilitar inversiones, resolver obstáculos y coordinar proyectos forma parte del trabajo gubernamental. La apuesta por convertir a Veracruz en un polo de desarrollo tendrá que juzgarse por sus resultados sostenidos. Estos indicadores ofrecen una señal favorable, aunque todavía no constituyen una obra terminada.
El otro dato que incomoda procede de “Arias Consultores”. Su estudio de octubre coloca a Veracruz en el segundo lugar nacional por el porcentaje de participantes que consideran que su gobernadora “no es corrupta”: 43.5%, solamente detrás de Querétaro, con 55.9%.
La referencia nacional para esa respuesta es 20.5%. Veracruz la supera por 23 puntos porcentuales y registra más del doble.
Ahora bien, una columna que exige rigor también debe aplicárselo: el mismo estudio reporta que 43.1% considera que la mandataria es corrupta y 13.4% se muestra indiferente. Existe prácticamente un empate entre las dos percepciones. El segundo lugar comparativo es relevante, pero no equivale a una mayoría absoluta favorable ni a una medición de aprobación general.
El ejercicio reunió 6,822 respuestas nacionales mediante publicidad en Facebook, del 10 al 15 de octubre. Su alcance corresponde a ese método de captación; el margen de error nacional declarado no debe trasladarse automáticamente a Veracruz.
Con esas precisiones, el hallazgo conserva peso político: dentro del estudio, Nahle ocupa una posición favorable frente a sus pares. La narrativa de una gobernadora universalmente desacreditada no encuentra respaldo en esos resultados.
¿Explica eso la intensidad de los ataques? Es una interpretación política razonable: cuando un adversario conserva competitividad y presenta avances, aumenta el incentivo para desgastarlo. Demostrar una campaña coordinada, sin embargo, exige documentar vínculos, instrucciones o financiamiento.
Lo mismo ocurre con la sospecha de que ciertos medios nacionales endurecieron su cobertura por no recibir contratos. Esa hipótesis debe contrastarse con convenios, montos y antecedentes. No contratar publicidad tampoco vuelve falsa una investigación. Pero ostentarse como medio nacional no convierte una acusación sin pruebas en periodismo.
La independencia se demuestra investigando con el mismo rigor a quien paga y a quien no paga.
También resulta endeble utilizar una controversia del INE para insinuar, por asociación, que hubo fraude contra José Francisco Yunes Zorrilla en Veracruz. Una acusación electoral requiere pruebas del proceso concreto. Ningún escándalo posterior sustituye actas, expedientes o resoluciones.
La derrota no se corrige inventando una explicación a la medida del derrotado.
Nahle tiene obligaciones pendientes y sus críticos tienen derecho a señalarlas. Lo que empieza a perder viabilidad es la pretensión de describir un Veracruz donde nada avanza, nada sirve y todo está perdido.
El crecimiento deberá convertirse en empleo, mejores ingresos y bienestar. Ahí se jugará la evaluación definitiva del gobierno.
Mientras tanto, a quienes apostaron políticamente al fracaso les apareció un adversario incómodo: una cifra que no pueden descalificar solamente levantando la voz.
Al tiempo.
Los números les estorban.
Por: Ramirez Baqueiro Astrolabio Politico
Astrolabio Político // Luis Ramírez Baqueiro
“Los hechos no dejan de existir porque se les ignore”. – Aldous Huxley.
Hay quienes necesitan que a Veracruz le vaya mal para sentir que a ellos les puede ir bien. Construyeron su estrategia sobre el fracaso de Rocío Nahle García y ahora enfrentan un inconveniente: algunos indicadores comienzan a contradecir el desastre que anuncian con puntualidad de reloj.
La crítica es indispensable. Una gobernadora administra recursos públicos, ejerce poder y debe responder por sus decisiones. Pero entre investigar una irregularidad y convertir cualquier acontecimiento en prueba de una catástrofe existe una distancia que ciertos adversarios recorren sin el menor pudor.
El libreto es reconocible: descalificar, amplificar sospechas y presentar como conclusión lo que apenas es insinuación. Si hay dificultades, se atribuyen enteramente al gobierno; si aparecen resultados favorables, se minimizan o se cambia de tema. Con semejante método, cualquier administración resulta culpable antes de comenzar el interrogatorio.
Esta semana, sin embargo, los números introdujeron una conversación distinta.
La gráfica de El Economista, elaborada con información del Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal del INEGI, ubica a Veracruz con un crecimiento anual desestacionalizado de 5.1% durante el segundo trimestre de 2026. Entre las entidades con mayores avances aparece detrás de Hidalgo, con 8.5%, y Colima, con 5.8%.
Es decir: “tercer lugar en crecimiento anual”, según esa comparación. El segundo lugar trimestral referido en la información difundida sobre Veracruz corresponde a otra medición. Precisarlo fortalece el argumento: los datos favorables no necesitan maquillaje.
Mientras 24 entidades registraron crecimiento anual, ocho retrocedieron. Entre estas últimas figuran Morelos, con una caída de 5.8%; Quintana Roo, de 3.7%, y Campeche, de 2.4%. Veracruz se encuentra del lado del avance, con una expansión superior a la de Sinaloa, Tamaulipas, Yucatán y el Estado de México.
Eso no significa que la prosperidad haya llegado a todos los hogares. Significa algo concreto: la actividad económica estatal está creciendo y merece una explicación más seria que el desprecio automático.
En el plano nacional, las cifras compartidas sobre el anuncio de la presidenta Claudia Sheinbaum señalan un incremento del PIB de 0.9% trimestral y 3.2% anual en el tercer trimestre de 2026. Son periodos e indicadores distintos de los estatales; deben leerse por separado. Ambos, sin embargo, obligan a discutir la economía con algo más que consignas.
Sería exagerado adjudicar cada punto de crecimiento exclusivamente a Nahle. Intervienen trabajadores, empresas, inversión privada, gasto federal y condiciones sectoriales. Pero también sería tramposo negar de antemano cualquier contribución de su administración.
La capacidad de gestionar infraestructura, facilitar inversiones, resolver obstáculos y coordinar proyectos forma parte del trabajo gubernamental. La apuesta por convertir a Veracruz en un polo de desarrollo tendrá que juzgarse por sus resultados sostenidos. Estos indicadores ofrecen una señal favorable, aunque todavía no constituyen una obra terminada.
El otro dato que incomoda procede de “Arias Consultores”. Su estudio de octubre coloca a Veracruz en el segundo lugar nacional por el porcentaje de participantes que consideran que su gobernadora “no es corrupta”: 43.5%, solamente detrás de Querétaro, con 55.9%.
La referencia nacional para esa respuesta es 20.5%. Veracruz la supera por 23 puntos porcentuales y registra más del doble.
Ahora bien, una columna que exige rigor también debe aplicárselo: el mismo estudio reporta que 43.1% considera que la mandataria es corrupta y 13.4% se muestra indiferente. Existe prácticamente un empate entre las dos percepciones. El segundo lugar comparativo es relevante, pero no equivale a una mayoría absoluta favorable ni a una medición de aprobación general.
El ejercicio reunió 6,822 respuestas nacionales mediante publicidad en Facebook, del 10 al 15 de octubre. Su alcance corresponde a ese método de captación; el margen de error nacional declarado no debe trasladarse automáticamente a Veracruz.
Con esas precisiones, el hallazgo conserva peso político: dentro del estudio, Nahle ocupa una posición favorable frente a sus pares. La narrativa de una gobernadora universalmente desacreditada no encuentra respaldo en esos resultados.
¿Explica eso la intensidad de los ataques? Es una interpretación política razonable: cuando un adversario conserva competitividad y presenta avances, aumenta el incentivo para desgastarlo. Demostrar una campaña coordinada, sin embargo, exige documentar vínculos, instrucciones o financiamiento.
Lo mismo ocurre con la sospecha de que ciertos medios nacionales endurecieron su cobertura por no recibir contratos. Esa hipótesis debe contrastarse con convenios, montos y antecedentes. No contratar publicidad tampoco vuelve falsa una investigación. Pero ostentarse como medio nacional no convierte una acusación sin pruebas en periodismo.
La independencia se demuestra investigando con el mismo rigor a quien paga y a quien no paga.
También resulta endeble utilizar una controversia del INE para insinuar, por asociación, que hubo fraude contra José Francisco Yunes Zorrilla en Veracruz. Una acusación electoral requiere pruebas del proceso concreto. Ningún escándalo posterior sustituye actas, expedientes o resoluciones.
La derrota no se corrige inventando una explicación a la medida del derrotado.
Nahle tiene obligaciones pendientes y sus críticos tienen derecho a señalarlas. Lo que empieza a perder viabilidad es la pretensión de describir un Veracruz donde nada avanza, nada sirve y todo está perdido.
El crecimiento deberá convertirse en empleo, mejores ingresos y bienestar. Ahí se jugará la evaluación definitiva del gobierno.
Mientras tanto, a quienes apostaron políticamente al fracaso les apareció un adversario incómodo: una cifra que no pueden descalificar solamente levantando la voz.