Por Miguel Ángel Cristiani G.
Hay noticias que merecen aplauso. Y hay noticias que, antes del aplauso, exigen memoria.
La cancelación definitiva de la bursatilización de los 199 municipios de Veracruz es, sin duda, una buena noticia. Lo sería para cualquier alcalde que, sin haber firmado un solo documento en 2008, estaba obligado a seguir pagando una deuda heredada hasta 2036. Lo es también para los ciudadanos, porque esos recursos ya no saldrán de las participaciones federales que deberían destinarse a pavimentar calles, reparar escuelas, mejorar sistemas de agua potable o fortalecer la seguridad pública.
Pero celebrar el final no debe hacernos olvidar el origen.
Porque la bursatilización no fue un accidente financiero. Fue una decisión política.
En 2008 se presentó como una fórmula moderna para adelantar recursos a los municipios y acelerar el desarrollo. El discurso era seductor: obtener dinero inmediato respaldando ingresos futuros. Lo que pocos explicaron fue el costo real de ese “adelanto”. La deuda inicial fue de mil 208 millones de pesos, pero la ingeniería financiera —indexada a UDIS, con tasas superiores al mercado y un esquema de retención automática de participaciones— convirtió ese compromiso en una pesada losa para varias generaciones de administraciones municipales.
Los números hablan por sí solos.
Los municipios ya habían pagado dos mil 573 millones de pesos y todavía les faltaban otros dos mil 266 millones hasta 2036. Es decir, terminarían desembolsando casi cuatro veces el monto originalmente contratado.
Eso, financieramente, tiene un nombre.
Y políticamente también.
La diferencia es que los ciudadanos fueron quienes pagaron la factura.
Platicamos al término de la ceremonia en Palacio de Gobierno con el alcalde de Álamo, José “Pepe” Arenas quien nos explicó que durante casi dos décadas, presidentes municipales de todos los partidos llegaron y se fueron con un porcentaje de sus participaciones federales retenido automáticamente para cubrir una obligación que ellos no contrataron. Gobernaron con menos recursos, mientras la deuda seguía intacta como una hipoteca perpetua sobre el futuro de sus municipios.
Señaló que lo verdaderamente relevante del anuncio realizado por la gobernadora Rocío Nahle no es únicamente que se haya liquidado la deuda.
Es la explicación de cómo fue posible hacerlo.
La revisión del fideicomiso permitió localizar mil 085 millones de pesos existentes en cuentas de participaciones, soporte y fondo de reserva que, según la información oficial, no habían sido transparentados ni al Gobierno del Estado ni a los propios municipios. A esos recursos se sumó una aportación cercana a los 500 millones de pesos para extinguir completamente el pasivo.
Pancho López el filósofo ateniense xalapeño asegura que la pregunta resulta inevitable.
¿Cómo pudieron permanecer más de mil millones de pesos dentro de un fideicomiso sin que durante años nadie explicara con claridad su existencia, su destino o su disponibilidad?
Responder esa pregunta vale tanto como haber liquidado la deuda.
Porque la transparencia no consiste únicamente en informar cuánto se paga.
También exige explicar cómo se administran los recursos públicos durante todo el proceso.
Los alcaldes tienen razones para celebrar. Recuperan recursos que antes desaparecían automáticamente hacia un fideicomiso financiero. Podrán destinar ese dinero a infraestructura, servicios públicos y obra social. Para municipios pequeños, donde cada peso cuenta, el beneficio será tangible.
Pero la lección trasciende el alivio financiero.
La bursatilización se convirtió durante años en un ejemplo de cómo un mecanismo diseñado para facilitar inversión puede terminar hipotecando el futuro cuando prevalecen condiciones financieras desfavorables, contratos poco transparentes y supervisión insuficiente.
No basta con cerrar el expediente.
Hace falta abrir el de las responsabilidades políticas.
Porque alguien diseñó ese esquema.
Alguien lo aprobó.
Alguien lo promovió como una solución extraordinaria.
Y durante casi veinte años nadie corrigió un modelo que obligó a los municipios a pagar mucho más de lo que originalmente recibieron.
La política tiene un extraño talento para socializar los costos y privatizar los aplausos. Cuando un proyecto fracasa, nadie aparece como responsable. Cuando finalmente se corrige, abundan quienes buscan fotografiarse con el resultado.
La diferencia entre administrar y gobernar consiste precisamente en eso: un administrador paga deudas; un gobernante procura que esas deudas nunca vuelvan a nacer.
La verdadera tragedia no fue que hoy se haya liquidado una deuda: fue que durante dieciocho años miles de veracruzanos pagaran, con obras que nunca llegaron, el precio de una decisión financiera que jamás debió convertirse en herencia para generaciones enteras.
