Ayotzinapa: avances y pendientes
Editorial La Jornada
A 12 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la Fiscalía General de la República presentó su primer informe público sobre el caso en el presente sexenio. Entre los nuevos elementos de investigación presentados se cuentan el hallazgo de restos óseos, documentos oficiales y un horno crematorio clandestino, entre otros indicios, en la funeraria El Ángel, el Servicio Médico Forense (Semefo) y un predio en Iguala, Guerrero, los cuales estuvieron bajo control del grupo criminal Guerreros Unidos.
Lo que se ha dado a conocer acerca de la operación del Semefo y la casa fúnebre pinta un cuadro estremecedor acerca de la descomposición institucional imperante en la entidad en 2014. Ambas instancias, así como el panteón municipal, eran administradas por una misma familia (los Rueda Mazón), además de que el Semefo y la funeraria eran contiguas y tenían acceso directo. Es de sentido común que el Servicio Médico Forense, encargado de certificar las causas de muerte y expedir autorizaciones para sepultar o incinerar un cuerpo, debe ser una dependencia pública sujeta a los más estrictos controles, pero en Iguala se encontraba concesionado a los Rueda Mazón bajo la supervisión del gobierno de Guerrero.
A la luz de los acontecimientos, dicha vigilancia sólo puede caracterizarse como deficiente o inexistente. Durante un cateo efectuado a la funeraria en octubre de 2025 se encontró un fémur humano guardado en un cajón, un arma de fuego, un horno crematorio sin registro oficial y, lo más grave, documentos oficiales en blanco firmados y sellados, con los cuales “una muerte violenta podía hacerse constar como natural, un traslado podía documentarse con datos falsos, una inhumación podía quedar respaldada con un registro que no correspondían con la realidad”. Dos meses después, un segundo cateo en el Semefo dio con restos óseos sin registro, cuerpos con carpetas duplicadas, restos con referencias de fechas de 2014, restos óseos calcinados y piezas dentales. Está claro que semejante descontrol es favorable al crimen organizado y configuraba un entorno ideal para quienes desaparecieron a los estudiantes. Lo hallado obliga a emprender una revisión a nivel estatal e incluso nacional a fin de identificar irregularidades en todos los servicios forenses y asegurarse de que éstos sean una herramienta al servicio de la justicia, no de los delincuentes.
Por otra parte, se estableció la identidad de quienes hicieron llamadas vinculadas con el caso, incluidas las realizadas con equipos de los normalistas días y hasta semanas después del ataque perpetrado entre el 26 y 27 de septiembre de 2014. Por ejemplo, se sabe que el dueño del velatorio, Rodolfo N, estuvo en contacto con miembros de Guerreros Unidos y que una semana después de la noche de Iguala usó el teléfono móvil del estudiante Julio César Mondragón, quien fue asesinado y desollado. Al poner nombre a los involucrados en estas llamadas se han podido ejecutar nuevas detenciones.
En el rubro de arrestos, destaca el de Ángel Aguirre Rivero, gobernador de la entidad cuando se cometieron los hechos y presunto culpable de ordenar la destrucción de grabaciones de seguridad que mostraban lo ocurrido a los muchachos en el Palacio de Justicia. Su puesta a disposición de las autoridades abrió la esperanza de que se revele información oculta durante todo este tiempo. En este sentido, debe recordarse que el caso Ayotzinapa encierra dos grandes interrogantes: qué pasó y dónde están los normalistas; y cómo se organizó el encubrimiento de los participantes en el crimen. A más de una década de distancia, es evidente la imposibilidad de resolver lo primero sin ubicar y judicializar a quienes destruyeron pruebas, sembraron pistas falsas, inventaron una narrativa distractora y se encargaron de negar la justicia a las víctimas indirectas, es decir, a las familias que siguen exigiendo la aparición de los suyos.
Junto a los adelantos persisten grandes pendientes. Estados Unidos negó la extradición y concedió asilo a José Ulises Bernabé García, juez que puso a 17 estudiantes en manos de policías municipales, quienes a su vez los entregaron a delincuentes. El régimen de Israel protege a Tomás Zerón de Lucio, considerado principal productor de la “verdad histórica” y manipulador de evidencias.
Cabe esperar que los avances permitan acelerar el esclarecimiento pleno de lo ocurrido y fincar responsabilidades a los máximos involucrados en los niveles estatal y federal. Las investigaciones deben seguir con total disposición para escuchar y tomar en cuenta el parecer de los padres, sin cuya participación no puede haber justicia.
