Los trabajadores despedidos por el Instituto Veracruzano de la Vivienda (INVIVIENDA), serán reinstalados, aunque no de inmediato, así quedó establecido este miércoles, tras una diligencia judicial en la que se exigió al instituto cumplir con la resolución a favor de los trabajadores.
Luego de que el Poder Judicial de la Federación advirtiera que el titular de INVIVIENDA, José Manuel Pozos del Ángel, podía ser arrestado por 36 horas si no cumplía con el ordenamiento, además de imponer multa a la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle.
Finalmente, este día se garantizó el cumplimiento efectivo del laudo.
“El Gerente de INVIVIENDA no se escondió, salió y dijo voy a abordar este tema… que bueno que decidió hacerlo. Él tenía claro o daba la cara o se iban a tener que guardar 36 horas”.
Al respecto, el abogado laborista, Juan José Llanes del Ángel Gil, explicó que existe un mandato judicial firme que obliga a reinstalar a los trabajadores, aunque no se concretó de inmediato porque, de acuerdo con lo señalado en la diligencia, no era conveniente ni viable hacerlo en ese momento.
De acuerdo con lo que menciona el abogado, el fallo establece dos obligaciones: reinstalar a los ocho trabajadores y pagarles lo que les corresponde, por lo que, “en las próximas horas o días”, se instalará un espacio de diálogo, para acordar los términos y garantizar que los trabajadores regresen en condiciones dignas.
Llanes del Ángel responsabilizó directamente al secretario del Trabajo, Luis Arturo Santiago Martínez, de entorpecer el proceso y retrasar el cumplimiento de la orden, afirmó que esa dependencia consideraba que las resoluciones del Poder Judicial Federal podían evadirse.
Los ocho trabajadores fueron despedidos en 2009 y ganaron un laudo que ordenó reinstalarlos y pagarles, pero no se había cumplido, en 2025 obtuvieron un amparo federal que ordena garantizar su ejecución.
Con la diligencia concluida, el actuario debe turnarla a la Junta de Conciliación, que definirá los siguientes pasos.
–Detectan presunto daño patrimonial por más de 2 mil 700 mdp en municipios
Xalapa, Veracruz, 28 de octubre de 2026
Con 41 votos a favor, siete en contra y cero abstenciones, el Congreso de Veracruz aprobó los Informes Individuales y el Informe General Ejecutivo de la Cuenta Pública 2025, elaborados por el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS).
De acuerdo con los resultados de las auditorías, en 181 municipios se detectó un presunto daño patrimonial por 2 mil 703 millones 301 mil 531 pesos, también se reportaron presuntas afectaciones por 42 millones 156 mil 725 pesos en 14 entidades paramunicipales y por 3 millones 975 mil 377 pesos en 16 organismos públicos descentralizados.
La Universidad Veracruzana registró un presunto daño patrimonial de 225 mil 023 pesos, además, seis municipios presentaron observaciones por 6 millones 573 mil 040 pesos en materia de deuda pública, obligaciones y disciplina financiera.
Durante la discusión, legisladores de distintas bancadas pidieron dar seguimiento a las observaciones, aclarar el destino de los recursos y determinar posibles responsabilidades.
También cuestionaron los criterios de fiscalización y la falta de información sobre las causas de las presuntas irregularidades.
El decreto instruye al ORFIS a revisar la Cuenta Pública 2025 del municipio de El Higo, cuya entrega se realizó después de concluida la etapa de solventación, por lo que su revisión se incorporará al siguiente procedimiento de fiscalización.
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–Detectan presunto daño patrimonial por más de 2 mil 700 mdp en municipios
Xalapa, Veracruz, 28 de octubre de 2026
Con 41 votos a favor, siete en contra y cero abstenciones, el Congreso de Veracruz aprobó los Informes Individuales y el Informe General Ejecutivo de la Cuenta Pública 2025, elaborados por el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS).
De acuerdo con los resultados de las auditorías, en 181 municipios se detectó un presunto daño patrimonial por 2 mil 703 millones 301 mil 531 pesos, también se reportaron presuntas afectaciones por 42 millones 156 mil 725 pesos en 14 entidades paramunicipales y por 3 millones 975 mil 377 pesos en 16 organismos públicos descentralizados.
La Universidad Veracruzana registró un presunto daño patrimonial de 225 mil 023 pesos, además, seis municipios presentaron observaciones por 6 millones 573 mil 040 pesos en materia de deuda pública, obligaciones y disciplina financiera.
Durante la discusión, legisladores de distintas bancadas pidieron dar seguimiento a las observaciones, aclarar el destino de los recursos y determinar posibles responsabilidades.
También cuestionaron los criterios de fiscalización y la falta de información sobre las causas de las presuntas irregularidades.
El decreto instruye al ORFIS a revisar la Cuenta Pública 2025 del municipio de El Higo, cuya entrega se realizó después de concluida la etapa de solventación, por lo que su revisión se incorporará al siguiente procedimiento de fiscalización.