Y EN MEDIO DE TODO, LA MEGADEUDA QUE LLEGÓ A SU FIN
ColumnaSinNombre | Pablo Jair Ortega
- Un constructor para el distrito de Coatepec.
En medio de tanta chamba supervisando los hospitales (que usan para el golpeteo político) o estando al pendiente de las inundaciones en la entidad debido a las fuertes lluvias recientes, la gobernadora Rocío Nahle está alistando su próximo Informe de Gobierno que, como ya adelantó, será el 28 de noviembre en la Plaza Lerdo de Xalapa.
Es decir, en un mes, la mandataria estatal estará rindiendo un informe ante los veracruzanos, veracruzanas y “veracruzenes” sobre el estado actual de la entidad, con todo y el montón de chamba que tiene por resolver en estos momentos.
Pero desde aquí, desde este espacio y momento, se puede augurar que uno de los temas que resaltará como uno de los grandes logros de Nahle, será la liquidación total de la deuda que tenía condenados a 199 municipios: la mentada bursatilización, que comprometía las participaciones federales de los ayuntamientos desde 2008.
Según datos de la Secretaría de Finanzas, durante casi dos décadas los municipios ya habían pagado alrededor de 2 mil 573 millones de pesos y todavía enfrentaban compromisos por otros 2 mil 266 millones hasta el año 2036.
Pero con la recuperación de mil 085 millones de pesos (que permanecían en tres cuentas del “fideicomiso bursatilizador”) y una aportación estatal cercana a los 500 millones, el Gobierno de Veracruz cerró anticipadamente ese capítulo financiero. Así, ningún ayuntamiento tuvo que realizar aportaciones adicionales para concretar la liquidación.
Dicha bursatilización llegó a su fin el pasado 14 de julio.
Y no es para minimizar el logro de Nahle y su equipo en este tema: en 2008, los 199 municipios (algunos bajo presión; otros, por quedar bien con el gobernador en turno, Fidel Herrera) contrataron este esquema de financiamiento que, sí, les permitió disponer de recursos inmediatos en aquel momento, pero comprometió sus ingresos futuros bajo condiciones que terminaron convirtiéndose en una pesada carga para los ayuntamientos.
Claro, los alcaldes de aquel entonces ni se inmutaron porque recibieron el dinero prometido para sus administraciones, pero la millonaria deuda pasó a sus sucesores y afectó a los municipios durante años.
Se sabe que el financiamiento original ascendió a mil 208 millones de pesos y que, de los pagos acumulados hasta julio de 2026, mil 837 millones correspondieron únicamente a intereses.
Pese a los pagos realizados durante años, la obligación financiera seguía proyectándose hasta 2036. Ningún ayuntamiento “bursatilizado” podía recibir completas sus participaciones federales y mucho menos maniobrar con ese recorte a su presupuesto.
Resolver una herencia de esa magnitud exigía una decisión política urgente, conocimiento técnico y acuerdos tejidos finamente.
Por eso, la gobernadora Rocío Nahle asumió la iniciativa de encontrar una salida definitiva: había que revisar el mecanismo, localizar recursos disponibles y construir una ruta viable para terminar con la deuda.
En esa tarea, Miguel Santiago Reyes Hernández, secretario de Finanzas y Planeación, tuvo una responsabilidad central: el análisis técnico del fideicomiso permitió identificar tres cuentas, relativas a participaciones, soporte y fondo de reserva, que concentraban mil 085 millones de pesos que no habían sido transparentados a los municipios ni al propio Gobierno de Veracruz.
O sea, ahí estaba ese dinero y a nadie le habían avisado que estaba disponible.
Localizar esos recursos cambió todo: el dinero recuperado se destinó a liquidar la obligación, con el respaldo de una aportación estatal cercana a los 500 millones de pesos.
La operación también requirió negociar con instituciones financieras, contar con el acompañamiento de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y coordinar los procedimientos legales y administrativos necesarios para concluir el proceso.
Todo ese trabajo, desarrollado entre junio de 2025 y julio de 2026, hizo posible concretar una salida que durante años permaneció pendiente.
Pero no fue que Nahle tuviera la voluntad y mágicamente se arreglara todo. Fue un trabajo conjunto que necesitaba de un factor indispensable: los ayuntamientos y su consentimiento para entrarle al nuevo esquema que les quitaría la millonaria deuda de encima.
Fue así como los 199 municipios involucrados aprobaron su adhesión a la estrategia y respaldaron los acuerdos necesarios para avanzar en el proceso. La coincidencia entre gobiernos municipales de distintas filiaciones políticas mostró que, ante un problema común, era posible construir una solución compartida.
Ahora, el beneficio se refleja directamente en las finanzas públicas, porque, al desaparecer las retenciones asociadas a la bursatilización, los municipios recuperan el acceso íntegro a sus participaciones federales y disponen de mayores recursos para destinarlos a pavimentación, agua potable, drenaje, alumbrado, seguridad, caminos y servicios públicos en general.
También se elimina un pasivo que condicionaba la planeación municipal a largo plazo, pues la liberación de ingresos amplía el margen para programar obras y atender problemas.
Así, ese capítulo de la pesada loza de la bursatilización quedó cerrado. Veracruz dejó atrás ese esquema que comprometía recursos municipales gracias a la voluntad de los ayuntamientos, los acuerdos alcanzados sin enarbolar banderas partidistas, el trabajo financiero del secretario Reyes Hernández y el liderazgo de la mandataria, quien tomó la decisión de poner fin de un solo tajo a esa carga financiera en el estado.
Se dice que, en materia de finanzas públicas, los resultados se miden en las obligaciones que desaparecen, los recursos que se recuperan y los presupuestos que vuelven a tener margen de decisión.
La liquidación de la bursatilización reúne esos tres elementos. Es una victoria financiera para Veracruz y nadie puede rebatirlo.
