La dependencia precisó que el bloqueo es una medida preventiva y administrativa, por lo que no representa una determinación definitiva de responsabilidad sobre las personas involucradas, incluida la propia Guadalupe Taddei, que renunció a su cargo como consejera presidenta del INE, tras las polémicas relacionadas con la entrega de contratos.
Asimismo, señaló que los afectados cuentan con los mecanismos de defensa y la garantía de audiencia establecidos en la legislación, en respeto al debido proceso y la presunción de inocencia.
La UIF sostuvo que continuará con las labores de prevención y detección de operaciones con recursos de procedencia ilícita, así como con la coordinación con las autoridades competentes.