La tragedia energética de la 4T va más allá de errores de planeación o malas decisiones de inversión. Estamos ante una concentración del poder, opacidad y relaciones que terminan por imponerse sobre las necesidades del país.
El reparto del pastel
Desde el primer día del gobierno de López Obrador, el sector energético quedó repartido entre el grupo más duro y corrupto de Tabasco. Rocío Nahle como titular de Energía concentró sus esfuerzos en Dos Bocas; Manuel Bartlett encabezó la CFE, dejándola con el problema del huachicol de diésel, apagones y pérdidas en generación e inversión, y Octavio Romero Oropeza, dejó a Pemex con la peor deuda financiera de su historia.
El amigo de los hermanos López Beltrán, Ángel Carrizales López llegó a la ASEA, mientras Abraham David Alipi Mena quedó al frente de CENAGAS, encabezada anteriormente por la pareja y socia de Octavio Romero.
Con Claudia Sheinbaum cambiaron algunos nombres, pero no las prácticas, Luz Elena González llegó a la Secretaría de Energía, identificada, supuestamente, con el grupo de la presidenta, sin embargo, la realidad es que es una hija del grupo Tabasco, que le fue impuesta a Sheinbaum en los años en que AMLO era jefe de Gobierno.
En CFE, Emilia Calleja asumió la dirección general, pero las decisiones pasan por Eréndira del Corral, directora de CFE Energía, quien en vino a sustituir a Miguel Reyes el fiel escudero de Manuel Bartlett y presunto operador del huachicol en el sureste.
Cuitláhuac García, exgobernador de Veracruz y personaje de confianza de López Obrador llegó a CENAGAS sin conocimiento de gas ni energía. Cuitláhuac mostró su desconocimiento cuando, ante un anuncio de rutina de reducción del suministro de gas por parte de Estados Unidos, en un contexto de mantenimiento de infraestructura, dio a entender que tendríamos gas para tres días, lo que terminó por exhibir que la reserva de México por falta de inversión en almacenamiento alcanzaría tan solo para tres días.
Contratos, proveedores y relaciones
El periodista Claudio Ochoa Huerta publicó en El Universal la forma en que Luz Elena González entregó contratos de Pemex a empresas de Grupo Kosmos, propiedad de Jack Landsmanas, uno de los proveedores consentidos de la 4T, evidenciando los vínculos laborales previos de González con compañías del conglomerado.
Según esa publicación, la funcionaria recibió más de tres millones de pesos por servicios prestados entre 2014 y 2016 a empresas del grupo, que suma ya más de 28 mil millones de pesos por la proveeduría de alimentos a cárceles y hospitales. Lo peor, como lo señala Ochoa, es que la secretaria tuvo una enorme participación en el suministro de alimentos para los programas CLAP de Nicolás Maduro que operó Alex Saaba.
Otro exfuncionario, Bernardo Fernández Sánchez, exdirectivo de Liconsa y antiguo ejecutivo de Grupo Kosmos, estuvo involucrado en el escándalo de Segalmex.
Soberanía o deuda para el país
Pemex continúa atrapado en una grave crisis, una deuda financiera de 77 mil 500 millones de dólares al cierre de junio de 2026, pasivos comerciales, necesidades permanentes de capitalización y una producción de petróleo y condensados que cayó siete por ciento durante 2025.
El país sigue destinando recursos extraordinarios a una petrolera que debería generar ingresos para financiar su desarrollo, pero, por el contrario, absorbe una parte creciente de los recursos fiscales.
La falta de infraestructura, rezagos en transmisión y generación, y la falta de una incorporación acelerada de energías renovables, comprometen la capacidad de respuesta a una demanda creciente, que deriva en apagones e interrupciones, particularmente en el sureste.
La soberanía energética no debe medirse por el control estatal, sino por la capacidad para producir, invertir y sostener sus finanzas, y a la vez anticipar y cubrir las necesidades del país.
Prometieron autosuficiencia, pero sin considerar mecanismos financieros para sostener su estrategia. Si las reglas son claras y los proyectos rentables, debe explicarse por qué fracasaron las cuatro convocatorias de inversión mixta de la SENER. Nadie quiso invertir bajo las condiciones de la 4T y solo se terminan por ocultar los problemas detrás de la retórica soberanista.
El petróleo y la electricidad pertenecen a México. No a Nahle, no a Luz Elena, no a Adán Augusto, no a los hijos del expresidente ni a los empresarios como Almicar Olán, que encuentran en el poder una oportunidad de negocio.